Gobernadores, expertos del sector energético y dirigentes gremiales coinciden en que los usuarios de la Costa no deben asumir el pago de las obras de infraestructura de energía que se requieren para que el servicio mejore porque son responsabilidad de Electricaribe que por años dejó de hacerlas, y el Gobierno central no cumplió con su papel de vigilar que se cumpliera.
En su edición de este domingo 1° de julio, EL HERALDO publicó en su editorial que los costeños debemos estar en máxima alerta para que, una vez haya un nuevo operador eléctrico, el Gobierno central no se desatienda de las inversiones que se requieren y deje toda la carga en las tarifas de los usuarios.
Según expertos, las inversiones que requiere Electricaribe en los próximos 10 años están en el orden de los $7 billones y ello, en aplicación de la Resolución 015 de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, Creg, podría exigir aumentos en las tarifas de los usuarios del 14% al 20%.
En alerta
El gobernador de Bolívar, Dumek Turbay dijo que de 'debemos estar alertas y definir una línea de vigilancia especial al proceso de licitación'.
Sostuvo que decidieron fijar en la reunión que van a tener el 6 de julio en Cartagena, su posición frente al hecho cierto de que las obras de infraestructura que se requieren para que el servicio mejore no sean cobradas a los habitantes del Caribe, no sean cobradas vía tarifas.
'Esa es una lucha que tenemos que dar y que tenemos que impulsar desde este momento en que se están construyendo los pliegos para la licitación. La Comisión de Regulación no puede revictimizar al Caribe Colombiano, no nos pueden hacer doblemente víctimas de un pésimo servicio y de la desatención del Estado por muchos años. No podemos permitir que ahora quieran recuperar el tiempo perdido y la inversión perdida, poniéndolo estos gastos en hombros de los habitantes del Caribe o más bien sacando la plata del bolsillo de los usuarios, de nosotros, quienes los hemos padecido'.
Turbay insistió que el viernes oficializarán su posición ante el Ministro de Minas, ante la Superintendencia y ante la Comisión de Regulación.
'No aceptamos un abuso más con el Caribe, y esperamos que el próximo gobierno pueda reunirse, ya sea su comisión de empalme o el gobierno en ejercicio, para que nos respalde en esta lucha de tener un buen servicio, pero también de tener la posibilidad de que el Estado asuma la inversión que debió hacerse y que por ningún motivo se le transfiera esa responsabilidad al bolsillo del usuario del Caribe'.
Servicio deficiente
El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, enfatizó que lo que debe tener en cuenta el nuevo gobierno es que la Región Caribe necesita que se hagan las inversiones que se requieren para el mantenimiento del sistema de distribución. 'Hoy el servicio se está prestando de manera deficiente y con la incertidumbre de que en cualquier momento se interrumpa'.
En opinión de Verano, el proceso de escogencia del nuevo operador durará, por lo menos, un año y durante ese tiempo se debe hacer una inversión de $700.000 millones para garantizar el suministro de energía en la Región.
'Los usuarios no deben asumir el pago de esas inversiones porque son responsabilidades de Electricaribe. En conclusión: tienen que invertir y rápido porque lo que está en juego es la dinámica económica y social de la Región'.
El ingeniero eléctrico Carlos Diago considera que la inversión que haga el Estado de $1.5 billones en adecuar la red eléctrica en los próximos 2 años (2018 y 2019) debe ser capitalizada para aumentar su participación accionaria y no ser cargada a tarifa por la Resolución Creg.
Esto por cuanto hace 20 años la participación accionaria del Estado se definió en 35 % y ese equilibrio debe preservarse. 'Es necesario que el Estado capitalice Electricaribe hasta restablecer la participación accionaria inicial del 35% definida hace 20 años cuando se hizo la convocatoria para capitalizar con un 65% por parte del inversionista privado la red de distribución de energía de la Región', dijo Diago
El experto dice que no se debe considerar este tema a los ojos del nuevo Gobierno como un favor o una deferencia con la Costa, sino como el lógico restablecimiento de un equilibrio accionario necesario en una empresa que se debe a la prestación de un servicio público esencial y fundamental para el desarrollo y el bienestar de la Región.
El presidente del Comité Intergremial del Atlántico, Ricardo Plata, al referirse a la resolución 015 de la Creg indicó que lo más importante es que el Gobierno Nacional tiene que estar dispuesto a aportar a la solución económica para ayudar la viabilidad del nuevo operador.
'A las personas del Caribe nos interesa que al nuevo operador le vaya bien, y para que le vaya bien es necesario que el Gobierno Nacional de alguna manera aporte a las inversiones que se necesitan hacer que son muy cuantiosas'.
En opinión de Plata, se necesitan hacer inversiones de $7.5 billones en los próximos diez años, de los cuales una parte importante, por lo menos dos billones de pesos corresponden a rezagos en la inversión, mientras 'los señores de Gas Natural Fenosa fueron accionistas'.
Dice que forzar al nuevo operador a que tenga que invertir no solo los otros $5 billones en el reemplazo y mantenimiento de las redes de aquí para adelante, sino las inversiones de crecimiento, puede ser demasiado y puede que no se consiga inversionista serio, atractivo y responsable para hacerse cargo de la región.
'Lo otro es que los actuales accionistas de Electricaribe en liquidación no asignaron costos para los pasivos laborales, pasivos pensionales, nada más ahí hay tres billones de pesos.
Nosotros pensamos que así como los usuarios vamos a cargar con la mayor parte de la responsabilidad financiera, a través de la tarifa, para que sea viable el negocio del nuevo operador, los acreedores tienen que hacer un sacrificio importante'.
Sostuvo que el gobierno nacional también tiene que meterse la mano al bolsillo y de alguna manera aportar para hacer viable la operación.
Óscar Imitola, consultor de servicios energéticos señala que es cierto que esta resolución actualiza la remuneración para los operadores con base en la calidad y la recuperación de pérdidas que hagan de los activos de distribución y calidad del servicio, pero también es claro que los operadores de Electricaribe durante mucho tiempo dejaron de hacer las inversiones necesarias para tener un buen servicio, entonces no se puede pretender que al amparo de esta resolución se vaya a recuperar el sistema.
'Lo menos que debería hacer el gobierno es que al menos la inversión equivalente a dos años sea asumida como parte de un esfuerzo de la Nación'.
Dice que la superintendencia que está a cargo de la empresa no tiene la capacidad técnica, ni financiera para asumir la responsabilidad que tienen en estos momentos. 'Lo único que están haciendo es pagándole a los generadores de energía para mantener el servicio y tibiamente unos trabajos que no apuntan a lo fundamental que es la recuperación del sistema'.
Acogeré decisión de Corte: Lastra
Luego de cumplir con los ocho días de arresto que le ordenó el Juez Segundo Promiscuo de Ciénaga, Magdalena, por desacato a una tutela, el gerente interventor de Electricaribe, Javier Lastra Fuscaldo, publicó en su redes sociales el hecho de haber cumplido con la ley.
'Cumplí 8 días de arresto ordenado por un juez de Ciénaga por no pagar 2 mil millones de pesos a 13 pensionados de Electricaribe Atlántico, por ser deudas suspendidas. Acogeré decisión que adopte la Corte Suprema de Justicia. Mi gratitud con la Policía Nacional de Colombia por su trato digno', escribió en su cuenta de Twitter.
La orden del juez obliga a cancelar el pago de $2.020 millones a 13 pensionados de la empresa de servicio de energía eléctrica en el Atlántico por concepto del reajuste por Ley 4 de 1976 (15% anual a la mesada pensional).
