Diez años después de haberse iniciado la batalla para 'desjudicializar' las finanzas del Distrito de Barranquilla, un fallo del Consejo de Estado puso punto final a una de las concesiones más cuestionadas de la administración distrital, por ser 'la más onerosa para los contribuyentes'.
El máximo tribunal de lo contencioso administrativo, a través de la sección tercera, confirmó la nulidad del contrato de consultoría suscrito entre el Distrito de Barranquilla y la firma Inversiones Los Ángeles, que fue firmado en 2000 por el entonces alcalde Bernando Hoyos Montoya, para la modernización de la gestión del recaudo de los tributos distritales por 20 años.
Posteriormente, este contrato fue cedido a la Unión Temporal Métodos y Sistemas que lo mantuvo hasta mayo de 2008, cuando el entonces alcalde Alejandro Char expidió una resolución para dar por terminada, de manera unilateral, esta concesión.
El Consejo de Estado compartió los argumentos del Tribunal Administrativo del Atlántico, que consideró que el contrato estaba 'viciado de nulidad absoluta por adolecer de objeto ilícito'.
El Tribunal sostuvo que se contrariaron normas imperativas al haberse encomendado 'función administrativa indelegable al particular contratista. En consecuencia se confirmará la nulidad absoluta del contrato de consultoría, (...)'.
El proceso
El pronunciamiento del Consejo de Estado se produjo como consecuencia de un recurso de apelación interpuesto frente a la sentencia que emitió el Tribunal del Atlántico, en cuyo fallo le dio la razón al Distrito de Barranquilla cuando tomó la decisión de declarar la terminación del contrato por causales de nulidad.
En desarrollo de la controversia jurídica, Métodos y Sistemas aspiraba a que el Distrito de Barranquilla le cancelara una indemnización cercana a los $250 mil millones por la anulación del contrato.
Esta pretensión, como consecuencia de la decisión del Consejo de Estado, no tendrá que ser atendida, por lo que el ente territorial se salva de tener que desembolsar esos recursos que estaban en el fondo de contingencias judiciales.
No obstante, el fallo ordenó el pago de los servicios que efectivamente prestó el contratista en los últimos meses de ejecución, es decir, antes de haberse decretado la nulidad del contrato, en 2008.
El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, calificó de importante la decisión judicial del Consejo de Estado.
Frente a este fallo, manifestó estar complacido con la decisión que favorece al Distrito, porque la ciudad queda con 'plenas garantías de la soberanía tributaria' y 'se confirma la fortaleza en el seguimiento de los procesos judiciales'.
El mandatario distrital recordó que durante su primer período de gobierno, en mayo de 2008, tomó la decisión de iniciar las actuaciones administrativas para dar por terminado el contrato que era 'sumamente lesivo para el bolsillo de los barranquilleros'.
Al tomar esta decisión, según Char, la administración recuperó la soberanía tributaria de la ciudad y comenzaron un proceso que 'nos permitió poner la casa en orden y sanearla financieramente'.
De igual manera, el alcalde recordó que 'ese fue el primer paso para lograr los resultados que hoy nos hacen sentir orgullosos: en la última década, avanzamos 15 puestos en el ranking de desempeño fiscal anual del Departamento Nacional de Planeación, ubicándonos por segundo año consecutivo como la tercera ciudad del país con mayor capacidad para gestionar recursos y transferirlos a la comunidad en bienes y servicios'.
De esta manera, según dijo el mandatario de los barranquilleros, la ciudad ha avanzado en su propósito de saldar la gran deuda social con la población más vulnerable. 'En 10 años hemos reducido en 23 puntos la pobreza y somos la ciudad de Colombia que más invierte por habitante', aseguró el alcalde.
De acuerdo con la información de la secretaria de Hacienda, Emelith Barraza, contra este fallo no procede ningún recurso.
Impacto en las finanzas
La secretaria de Hacienda, Emelith Barraza, explicó que la recuperación de la soberanía tributaria del Distrito de Barranquilla representa un impacto positivo sobre las finanzas del ente territorial, teniendo en cuenta que se ahorra el pago de $250 mil millones, cifra equivalente al 33% de los ingresos corrientes de libre destinación.
A esto se suma que el Distrito se ahorró el pago de $391 mil millones a la Unión Temporal Métodos y Sistemas tras la anulación del contrato.
Estos recursos corresponden a lo que se hubiera ganado la concesión de habérsele permitido mantener el contrato y ejecutar el objeto del mismo en los últimos diez años, como se había pactado inicialmente.
