Ante la Procuraduría Regional comparecieron la mañana de ayer el ex gerente de la empresa Triple A Ramón Navarro y el actual gerente general, Ramón Hemer, quienes enfrentan una investigación disciplinaria por presuntas irregularidades en el pago de $80 millones de dólares a la firma Inassa.
Los pagos realizados por la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla a la filial de la firma española Canal Isabel II, se habrían hecho a través de supuestos contratos de 'asistencia técnica' que, al parecer, nunca se llevaron a cabo.
Durante la diligencia pública, en la que también compareció la defensa de Julia Serrano, otra de las involucradas en el caso, Navarro y Hemer se abstuvieron de entregar una versión verbal y procedieron a entregar un escrito en el que explican su posición frente a los hechos por los cuales están siendo indagados por las autoridades.
La defensa de Hemer discrepó la fórmula en la que el Ministerio Público estaba realizando el cálculo de la supuesta pérdida económica que se habría hecho dentro del supuesto desfalco a la empresa barranquillera.
El delegado de la Procuraduría que atendió la diligencia explicó que el periodo probatorio terminó ayer y que la próxima semana ambos procesados podrán refutar y presentar los alegatos que ellos consideren pertinentes.
Una vez terminado este proceso, el Ministerio Público procederá a entregar su sentencia final sobre el caso.
'Soy inocente'
Al término de la audiencia, que se llevó a cabo en el décimo piso del Banco Popular, se le preguntó a Ramón Hemer sobre lo ocurrido en la diligencia, a lo que respondió que no iba a entregar ningún tipo de declaraciones sobre el particular. Sin embargó, expresó 'soy totalmente inocente'.
El ex gerente de Triple A Ramón Navarro tampoco quiso entregar declaraciones a los medios de comunicación.
La Procuraduría había informado, a través de un comunicado de prensa, que la comisión disciplinaria para el caso Triple A igualmente buscaría determinar la existencia de faltas disciplinarias, relacionadas con presuntas 'facturaciones artificiosas', que se habrían hecho a través de órdenes de pedido con la empresa R&T, por más de $22.379 millones.
