La semana pasada, el Consejo de Estado cerró uno de los capítulos –quizás el más complejo– del manejo financiero, administrativo y jurídico del Distrito de Barranquilla. Diez años después de haberse iniciado la batalla para 'desjudicializar' las finanzas de la ciudad, el fallo puso punto final a una de las concesiones más cuestionadas de la administración distrital, por ser 'la más onerosa para los contribuyentes'.
El máximo tribunal de lo contencioso administrativo, a través de la Sección Tercera, confirmó la nulidad del contrato de consultoría suscrito entre el Distrito de Barranquilla y la empresa Inversiones Los Ángeles, que fue firmado en 2000 por el entonces alcalde Bernando Hoyos Montoya, para la modernización de la gestión del recaudo de los tributos distritales por 20 años. Posteriormente, el contrato pasó a manos de Métodos y Sistemas, que lo tuvo hasta mayo de 2008.
¿Por qué se tumbó la concesión? ¿Cómo se realizó este proceso? Son algunas preguntas que se responden con el anecdotario que sobre este asunto tienen el alcalde Alejandro Char; el entonces director de Competitividad, Jaime Pumarejo; la secretaria de Hacienda de ese momento, Elsa Noguera, y el equipo de gobierno que lo acompañó en esta tarea.
La idea de tumbar la concesión comenzó a rondar la cabeza del alcalde pocos días después de tomar posesión del cargo (enero de 2008), luego de recibir una llamada de Emelith Barraza, entonces Tesorera del Distrito, en la que le informaba que Métodos y Sistema solo había girado $2.000 millones por concepto de recaudo del predial correspondiente a los últimos meses de 2007.
- Alejandro Char: ¿Cuánto me dices que giraron, Eme?
- Emelith Barraza: $2.000 millones.
ACH: ¿Por qué tan poco?
- EB: No sé alcalde. Los llamo y pregunto.
- ACH: ¡No puede ser!
Tras esa conversación con su tesorera, Char llamó al representante legal de Métodos y Sistemas para revisar los ingresos que se tenían por concepto de impuesto. La otra voz en el teléfono le explicó que el recaudo era bajo y que la concesionaria se quedaba con el 10% de los ingresos.
Tras escuchar la justificación, el alcalde los conminó a revisar los términos del contrato. La propuesta era reducir al 1% la contraprestación y aumentar el recaudo.
Comienza la batalla judicial
Después de esta llamada vinieron muchas más, que resultaron infructuosas en el propósito de llegar a un acuerdo que beneficiara al Distrito. Ante este hecho, el alcalde le ordenó a Jaime Pumarejo revisar el contrato y buscar los instrumentos jurídicos y administrativos para dar por terminado, de manera unilateral, el contrato.
Con el equipo jurídico dirigido por Modesto Aguilera, en compañía de dos abogados locales, Juan Carlos Gloria y Armando Mendoza, comenzó a diseñar una estrategia que permitiera ‘tumbar’ la concesión y recuperar la soberanía tributaria.
Corría el mes de marzo de 2008. En ese momento, Métodos y Sistemas hizo un segundo giro al Distrito. Fueron unos $42 mil millones que, según el alcalde, alcanzaban solo para cubrir los gastos de funcionamientos y atender una que otra obra que se necesitara con urgencia.
Hasta esa época, según el relato de Char y Pumarejo, no había recursos para financiar el Plan de Desarrollo, una situación que preocupó al equipo de gobierno porque con pocos ingresos era muy difícil cumplir con las promesas hechas en campaña.
