La necesidad que tienen los países de aprovechar de mejor forma sus recursos ambientales fue el tema central que debatieron expertos nacionales e internacionales del derecho reunidos en la Universidad Simón Bolívar, en el marco del X Congreso Internacional Derecho, Mar y Río: Una visión Biocultural.
Durante el congreso los especialistas coincidieron en que los temas ambientales son 'de primer orden' y es por ello que los derechos internacionales conllevan una gran responsabilidad 'porque se traducen en políticas de bienestar social'.
Durante la jornada académica, la vicerrectora Académica, Sonia Falla Barrantes y el decano de la Facultad de Ciencia Jurídicas y Sociales, Porfirio Bayuelo Schoonewolff, se refirieron al aporte académico que durante 10 años ha promovido el Congreso de Derecho de la Universidad Simón Bolívar a la sociedad.
El mexicano Abraham Hernández, representante de la Red de Justicia Alternativa, Transicional y Restaurativa-ATR, manifestó que hoy en día el respeto al uso, disposición y tratamiento del agua tiene un impacto en los derechos humanos de tercera generación. 'Su uso, goce y disfrute impactan directamente en las políticas de desarrollo sustentable. Nuestros mares y ríos son fuentes de riqueza que tenemos que cuidar y saber explotar sustentablemente porque son de todos nosotros. Tenemos la responsabilidad de pronunciarnos positivamente sobre el correcto uso de estos recursos que no son eternos', puntualizó.
'Importancia adecuada'
Entre tanto, la investigadora de Unisimón Doris Navarro Suárez, en su charla ‘Sociedad, Río y Mar Retos del Caribe colombiano para la Paz’, sostuvo que por tener cerca muchos recursos naturales, como el río y el mar, 'no se les había dado la importancia adecuada', por lo que 'es valioso' el aporte institucional que desde la investigación se le hace al tema.
Al cierre del congreso el arquitecto Ignacio Consuegra Bolívar, vicerrector de Infraestructura de Unisimón, hizo un llamado para preservar las raíces de los nacidos en Barranquilla y frenar la lucha constante entre el sector público y privado que mantiene al río Magdalena en una permanente crisis, en especial en su desembocadura.
Especialistas de Argentina, España, Chile, Panamá, Estados Unidos, Venezuela, Cuba y Colombia analizaron durante dos días diversos temas relacionados con decisiones jurídicas tomadas para proteger los recursos hídricos a través del derecho ambiental.
