Canal de Isabel II, empresa madrileña propietaria de Triple A por medio de su filial Inassa, anunció ayer que emprenderá acciones judiciales con la finalidad de 'defender sus derechos y garantías' ante la medida adoptada por la Fiscalía General con relación al embargo y secuestro de las acciones de Inassa en Triple A, las cuales ascienden al 82% del capital accionario.
'En los próximos días se acudirá ante un juez de control de garantías para solicitar defender los intereses de Inassa ante las medidas cautelares practicadas el día de ayer (jueves) por la Fiscalía, con el fin de preservar sus derechos económicos y patrimoniales', manifestó la empresa a través de un comunicado de prensa.
Indicó, además, que sienten una 'enorme preocupación' por las posibles consecuencias que pueden derivarse de las medidas de la Fiscalía para los servicios públicos esenciales que su filial lleva prestando desde hace 17 años en Barranquilla con 'total eficiencia y responsabilidad'.
En un comunicado similar, el Grupo Inassa reafirmó esta posición y explicó que dichos resultados lo demuestran con una 'cobertura que alcanza los niveles del 100% en servicios de acueducto y aseo, un 98% en los de alcantarillado y un índice de agua de máxima calidad de acuerdo con el Índice de Riesgo de Calidad del Agua'.
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Sostuvo que estos aspectos están contemplados en los informes independientes que 'certifican la prestación' del contrato de asistencia técnica.
Ambas compañías señalaron que las autoridades colombianas tenían conocimiento de las posibles irregularidades cometidas tras una denuncia interpuesta por la misma empresa ante la Fiscalía del Estado español y que dieron lugar al proceso 91/2016 Operación Lezo y de la cual se derivó la denominada Operación Acordeón en Colombia.
Por último, Canal e Inassa reiteraron su 'total colaboración' en el proceso que se lleva con Triple A.
designación y convocatatoria. Frente a la cesión de la custodia sobre el 82% de las acciones de Inassa a la Sociedad de Activos Especiales (SAE), el secretario Jurídico del Distrito, Jorge Padilla, sostuvo que en este caso la SAE debe designar a una persona que la represente y funja como administrador de las acciones de Inassa en los órganos de dirección de Triple A.
Asimismo, manifestó que se deberá convocar a una asamblea de socios y luego a la Junta Directiva para que el representante designado por la SAE sea incluido y pueda participar de todo el proceso de decisiones y manejo de la empresa.
Padilla indicó que este procedimiento es estatutario y por ende tiene unas citaciones y protocolos, los cuales serán definidos 'en los próximos días'.
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'La Triple A es una empresa comercial de servicios públicos, tiene bancos, proveedores, trabajadores y todo esto genera una situación de expectativa y de temores que son naturales, pero confiando que estando el Ministerio de Hacienda detrás, todo esto se conduzca de la mejor manera y no se afecten los servicios, que es lo que ha garantizado el alcalde Char', aseveró.
Ante la posibilidad de que pueda tener la SAE en la venta de acciones de Inassa, como explicó el jueves el fiscal Néstor H. Martínez, el secretario jurídico precisó que esta decisión tiene que ser razonada porque si no se estaría ad portas de una expropiación.
'La SAE tiene la posibilidad cuando el bien que es objeto de administración se deteriore, se pierda o se pueda dañar, cualquiera de esas circunstancias no son las que rodean el tema de las acciones de Triple A. La empresa tiene que seguir prestando el servicio y es por lo que tenemos que ocuparnos quienes somos sus administradores', declaró Padilla.
Debate en Concejo
El concejal Juan Camilo Fuentes aplaudió la decisión dela Fiscalía y manifestó que la medida era 'justa y necesaria' para poder rescatar los recursos que al parecer debe Inassa, no solo a Triple A sino también a los usuarios.
'La plata que se llevó Inassa de manera fraudulenta la pagamos todos los usuarios en Barranquilla y en los municipios. Eso se cobró vía tarifa y ese dinero tienen que devolverlo. Las tarifas tienen que disminuir de ahora en adelante y eso tienen que garantizarlo', dijo Fuentes.
El cabildante informó que la próxima semana habrá un debate en el Concejo para revisar y discutir el contrato de asistencia técnica y las operaciones que realizó la empresa durante los últimos 25 años, entre otros temas.
Conminó a Triple A a asistir al debate para que rinda cuentas ante el Concejo y la ciudadanía. Asimismo recomendó al Distrito garantizar la prestación del servicio de manera eficiente y evitar cualquier intento de politización de la compañía.
Ahora quien tendrá voz y voto será la SAE
El abogado penalista Danile Largacha Torres, experto en conflictos societarios, explicó que cuando una empresa queda a cargo del Gobierno Nacional, la voz y voto dentro de su junta directiva la asumen los representantes que asigne el Gobierno, a través de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
Precisó que las compañías siguen funcionando normalmente, debido a que no se da inicio a un proceso de liquidación de la compañía. 'La composición accionaria y los activos siguen siendo los mismos, lo que sucede es que en virtud del proceso de extinción de dominio los funcionarios que entrarán ahora a la junta directiva serán los que designe el Gobierno y son los que quedan con la responsabilidad', indicó Largacha.
El experto señaló que la SAE queda con doble obligación, ya que deberá proteger los bienes y evitar el detrimento de la compañía, pero también deberá preservar el servicio que presta dicha empresa. 'En esos casos, ellos deben ser muy cuidadosos para escoger el perfil de los funcionarios que entrarán a la junta directiva', manifestó el abogado, quien enfatizó que si se llegara a afectar la prestación de los servicios, entrarían en conflicto con los demás accionarios y la comunidad.
