Usuarios, trabajadores y gremios han manifestado su preocupación por la decisión de la Fiscalía General de embargar el 82% de las acciones de Inassa y entregarlas a la estatal Sociedad de Activos Especiales (SAE) para su administración. Coinciden en que la medida fue sorpresiva y que el Estado debe ofrecer garantías de que el servicio se mantendrá en 'optimas condiciones', como hasta ahora.
Ricardo Plata, presidente del Comité Intergremial del Atlántico, calificó como 'apabullante e inoportuna torpeza' la toma de posesión de la empresa por parte del estado colombiano, 'sometiendo una empresa de un Estado amigo a una legislación contra el enriquecimiento ilícito de narcotraficantes'. (Ver columna de opinión página 5B)
Entre tanto, el sindicato de industria de los trabajadores de las empresas o sociedades de acueducto, alcantarillado y aseo de Colombia (Sintratriple A) aseguró que con la medida de la Fiscalía la empresa entró en un 'limbo' hasta que la SAE designe a la persona que la represente y funja como administrador de las acciones de Inassa en los órganos de dirección de Triple A.
También deberá convocar a una asamblea de socios y luego a la Junta Directiva para que el representante designado por la SAE sea incluido y pueda participar de todo el proceso de decisiones y manejo de la empresa.
Frente a estos hechos, los trabajadores piden que la persona que se escoja sea transparente y llegue con la intención de trabajar en pro de continuar prestando un buen servicio a los usuarios, lo mismo que hacer las inversiones que se requieren para que 'el suministro sea óptimo'
Otro de los puntos que le preocupa al sindicato de trabajadores tiene que ver con los contratos laborales. Evaristo Bula, fiscal de Sintratriple A, pidió a la SAE que se respeten estos compromisos laborales.
'Estamos a la espera de lo que vayan a hacer la SAE y el Distrito de Barranquilla porque ellos son los encargados de manejar la empresa por decisión de la Fiscalía General de la Nación, de manejar la parte accionaria que tenía Inassa', agregó.
Por su parte, Salvador Valada, vocal de servicios públicos, manifestó que los problemas judiciales no deben impactar al usuario, por lo que advirtió que será el Estado colombiano, a través de la SAE o de la Alcaldía Distrital, los que deben brindar las garantías para que el servicio no se afecte y que el usuario sufra las consecuencias de una decisión como la tomada por la Fiscalía.
El mismo alcalde Alejandro Char ya había dicho desde la semana pasada que acataba 'respetuosamente' las decisiones adoptadas por parte del ente investigador. Además, que daba un parte de tranquilidad a los usuarios frente al servicio.
En ese sentido, anunció que la Alcaldía de Barranquilla 'garantizará la normal prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo' y coadyuvará el proceso para que las decisiones judiciales no afecten la situación laboral de los trabajadores.
Dentro de la composición accionaria de Triple A, Inassa tiene el 82%, el Distrito el 14,5% y el resto son de pequeños accionistas.
Frente a todos el proceso, la SAE anunció que implementará las medidas de administración que 'resulten necesarias' para que los usuarios de la empresa continúen disfrutando del servicio de acueducto, alcantarillado y aseo en 'debida forma'.
