El grupo empresarial Inassa envió una carta a la superintendente de Servicios Públicos, Natasha Avendaño, en la que advierte sobre los tres retos de trabajo que de no llevarse a cabo pondrían en peligro la continuidad de la operación y el servicio que presta la empresa Triple A en Barranquilla y en 14 municipios del Atlántico.
La 'profunda preocupación' por la posible afectación que se pueda generar en los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, se sustenta en la falta de experiencia en el sector de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), que asumió el control de las acciones de Inassa en Triple A.
'Si bien en la SAE hay personas ampliamente capacitadas para adelantar las actividades a las que se dedican, la gestión del ciclo del agua no es un fuerte en dicha organización', detalla la carta firmada por Antonio Ruiz Sánchez, presidente ejecutivo de Inassa.
Los tres retos
En la comunicación, la compañía filial de Canal de Isabel II y máxima accionista de la empresa barranquillera, informa como primer reto que el contrato con Aseo Técnico para la recolección y transporte de residuos y barrido vence en noviembre de 2018. 'Los ingresos percibidos como contraprestación soportan, aparte de los costos de operación, parte de la deuda que Triple A tiene contraída con los bancos', se explica.
Como segundo reto Inassa plantea la redacción del plan de inversiones a 20 años que apenas comenzaba a construirse, teniendo en cuenta que es necesario 'garantizar la sostenibilidad del servicio ante el aumento de la demanda' y el crecimiento en número de usuarios que tendrá en los años venideros Barranquilla, Soledad y el resto de municipios atendidos por la cantidad de proyectos de vivienda en curso y la aparición de nuevas urbanizaciones.
En última instancia, y no menos importante, está la renovación de algunas concesiones próximas a caducar, con la meta de mantener la calidad del servicio en todos los municipios donde opera la empresa Triple A.
Finalmente, Inassa reitera a la Superservicios la voluntad de colaborar con las autoridades colombianas para buscar una solución que no afecte a los usuarios en el Atlántico, tras la decisión de la Fiscalía General de la Nación de embargar y secuestrar con fines de extinción de dominio las acciones de la empresa española en Triple A, que corresponden al 81,2% del capital suscrito.
Producto de las medidas cautelares ordenadas por el ente investigador, el pasado 16 de octubre se realizó una asamblea general de accionistas en la que María Virginia Torres Cristancho, presidenta de la SAE, fue elegida como presidenta de la asamblea y de la nueva junta directiva de la empresa de servicios públicos, integrada por cuatro miembros en representación de la Sociedad de Activos Especiales – Arnaldo Mendoza, Jesús Vall De Ruten, Juan Londoño y María V. Torres– y uno por el Distrito de Barranquilla, el propio alcalde Alejandro Char.
Al finalizar la asamblea, Mauricio Solórzano, vicepresidente jurídico de la SAE, aseguró que primero se realizará un diagnóstico de la sociedad y en esa medida se definirán los movimientos de la junta.
Operación que recibe la SAE
• Cobertura del 100% en acueducto y alcantarillado y del 98% en aseo, con 525.397 usuarios atendidos en Barranquilla y 14 municipios del Atlántico (Soledad, Sabanalarga, Puerto Colombia, Baranoa, Galapa, Sabanagrande, Palmar de Varela, Santo Tomás, Juan de Acosta, Ponedera, Polonuevo, Tubará, Usiacurí, Piojó y Malambo)
• Niveles de medición cercanos al 90%.
• Índice de recaudo del 92%.
• 1.000 colaboradores directos.
•Proyectos a mediano y largo plazo para acompañar el crecimiento del servicio, entre los que se cuentan:
- Reducción de pérdidas por más de $120 mil millones en tres años.
- Mejoramiento de la infraestructura existente para garantizar continuidad del servicio, con una inversión por $700 mil millones en 10 años.
- Ampliación de sistemas a los nuevos desarrollos por $1 billón.
