La aprobación en primer debate del proyecto de ley que busca, entre otros aspectos, que se destine parte del cargo por confiabilidad para resolver la crisis del servicio de energía eléctrica en la Costa Caribe desató una polémica por las implicaciones que tendría la aceptación de esta iniciativa.
El primero que planteó sus reservas frente al proyecto fue el Gobierno, a través de la ministra de Minas, María Fernanda Suárez. La funcionaria advirtió que en caso de disminuirles los recursos a las hidráulicas, las generadoras estarían en libertad para decidir cómo usan el agua del embalse, porque 'no estarían obligadas por la energía en firme'.
La posición del Gobierno fue respaldada por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg). Este organismo planteó que eliminar el esquema del cargo por confiabilidad ponía en riesgo la prestación del servicio.
Cristian Jaramillo, comisionado de la Creg, advirtió que el cargo es un pago entre privados que no puede ser apropiado, porque sería una mala señal para los inversionistas del sector energético.
En concepto de Jaramillo, la solución al problema de Electricaribe debe ser focalizada y no modificar el esquema para acomodarse a esta coyuntura.
Carta de los gremios
A estas críticas se sumaron los gremios del sector energético del país. En una carta enviada al presidente del Senado de la República, Ernesto Macías Tovar, expusieron los motivos técnicos y jurídicos por los cuales consideran que el proyecto de ley en mención resulta inconveniente para el país, porque puede lesionar la confianza del inversionista y afectar el abastecimiento de energía eléctrica para los usuarios.
En la carta explicaron que si se modifica la naturaleza del cargo por confiabilidad para transformarlo en una contribución para la estabilidad y confiabilidad del sistema eléctrico, esto significaría 'un retroceso en los avances' que el sector eléctrico ha logrado en términos de institucionalidad, estabilidad y entornos favorables para la inversión y garantía en la prestación del servicio.
En la comunicación, Andesco, Acolgen, Andeg, Asocodis y la Andi sostuvieron que si bien comparten y apoyan la búsqueda de una solución estructural y sostenible para Electricaribe, se deben analizar otras alternativas que representen un beneficio para todos los colombianos.
Aunque afirmaron que Electricaribe es un actor fundamental de la cadena de suministro del servicio de energía eléctrica, indicaron que se requieren soluciones a la mayor brevedad. Asimismo manifiestaron su disposición de contribuir en lo que el Gobierno necesite en la búsqueda de una salida a la crisis.
Según los gremios del sector energético, es necesario implementar soluciones estructurales, integrales y sostenibles en el largo plazo, que sigan fortaleciendo el sector eléctrico.
Alejandro Castañeda, director Ejecutivo de Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), en una visita realizada ayer a EL HERALDO, explicó que el cargo por confiabilidad se diseñó como un mecanismo normativo para estabilizar los ingresos de las empresas generadoras, lo que ha permitido la disponibilidad de una oferta energética eficiente. Anualmente se recaudan unos 900 millones de dólares.
Recordó que el sistema tuvo unos inconvenientes que fueron corregidos por el Gobierno. Estos recursos, según Castañeda, también han permitido que los usuarios perciban y paguen un precio estable durante situaciones críticas.
El dirigente gremial igualmente indicó que el recaudo ha permitido hacer inversiones privadas por 10 mil millones de dólares para el desarrollo de proyectos de generación energética.
Entre tanto, José Camilo Manzur, director de la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía (Asocodis), dijo que este gremio compartía los 'objetivos loables' de los congresistas José David Name y David Barguil para buscar una solución integral para Electricaribe.
Sin embargo, se mostró en desacuerdo con la utilización de los recursos del cargo para solucionar el problema. En su concepto, existen alternativas de solución diferentes que van en beneficio de todo el sector eléctrico colombiano y todos los usuarios.
Frente al tema de los subsidios, dijo que este beneficio requiere una reforma estructural porque la estratificación no es un buen elemento para asignarlos. Sugirió que los subsidios se deben asignar por niveles de pobreza y no deben ser financiados con recursos del cargo por confiabilidad.
