La Corte de Arbitraje de Comercio de Miami (EEUU) condenó ayer al consorcio Grupo Unidos por el Canal, en el que la constructora Sacyr tiene el 41%, a devolver los anticipos adelantados por la Autoridad del Canal de Panamá en 2009 para realizar las obras del tercer juego de esclusas. El monto a devolver es de 547,96 millones de dólares.
La constructora española tendrá que pagar 225 millones de esa cantidad, por lo que quedan pendientes otros 290 millones de anticipos cuya resolución está prevista para el próximo marzo en un juzgado de Londres.
Sacyr, la misma que ejecuta las obras del nuevo Puente Pumarejo en Barranquilla, dijo que para hacer frente a la devolución firmó un crédito asociado por ese importe por un periodo de cinco años con dos de carencia, según señala la compañía en un comunicado
Sacyr asegura que 'esta operación se hace de forma independiente a la evolución de los negocios de Sacyr, que es muy positiva como se refleja en los resultados trimestrales, y que no se verá afectada por este laudo de ninguna manera'.
El grupo constructor, que recuerda que aún tiene otros arbitrajes abiertos con las autoridades del Canal de Panamá, señala que tiene previsto amortizar el préstamo de 225 millones de dólares a medida que se vaya produciendo 'el desenlace final' de dichos arbitrajes 'sin un mayor costo, debido a este laudo'.
En Colombia. En mayo de 2017, la firma española Sacyr, con la que el Gobierno nacional firmó en julio de 2015 la construcción de la autopista Puerta de Hierro - Palmar de Varela - Carreto - Cruz del Vizo, se aprestó a llevar a la Nación a un tribunal de arbitramento luego de que la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) declarara la caducidad de ese contrato, según informó en su momento el diario español El Confidencial.
La concesión adjudicada a Sacyr corresponde de a una vía que 'tiene un trazado de 202 kilómetros que pasará por 14 municipios de los departamentos de Sucre, Bolívar y Atlántico', explicó durante el acto de firma del contrato el entonces vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras. Era la primera obra de la segunda ola de las vías de cuarta generación (4G), y estaba contratada por un valor de $474.000 millones.
Sacyr adujo al medio español que 'el contrato licitado es de imposible realización por causas técnicas. La compañía sostiene que tras la consecución del contrato, surgieron imprevistos que no estaban en los pliegos, por lo que no se puede llevar a cabo la infraestructura'.
