En lo que antes eran aulas de clases que albergaban estudiantes del barrio Siete de Abril, 40 familias construyeron su hogar. Desde hace cerca de dos años improvisaron pequeñas viviendas, y en una misma área separada por toallas, plásticos y sábanas que hacen las veces de paredes, actualmente conviven niños y adultos.
Este asentamiento ubicado en los límites de Santo Domingo y Siete de Abril empezó a establecerse aprovechando la reubicación de los estudiantes de la Escuela Cívica CEB 187, que por razones 'de alto riesgo' fueron trasladados a una sede en la Ciudadela.
'La Secretaría de Educación nos reubicó, porque así lo estableció la Defensoría del Pueblo. Un estudio resolvió que estábamos en una zona de falla geológica', explicó Ángel Molina, rector de la institución.
A partir de ahí, la infraestructura de 800 m2, que alcanza media cuadra del sector, empezó a ser invadida. Según sus nuevos moradores, la idea era cuidar lo poco que quedaba del lugar que varias veces fue saqueado.
'Cuando se fueron los estudiantes y quedó el colegio deshabitado se robaron lo poco que quedó y por esa razón hace cerca de dos años permitimos que varias familias se mudaran aquí', indicó Adalberto Martínez, líder del frente de seguridad del barrio.
Martínez vive justo al frente del colegio y desde que se fueron los estudiantes sintió la responsabilidad de cuidar las instalaciones que, según su relato, pertenecen a la comunidad.
'Este predio es de la acción comunal de Siete de Abril, nos fue entregado a través del plan padrino del Ministerio de Educación, hace unos 20 años', señaló el líder comunal.
Por esta razón, los nuevos habitantes del colegio se han ido acomodando en el lugar, al punto de que en los espacios que antes eran las zonas de juegos de los alumnos han construido pequeñas residencias: unas con cemento y otras con retazos de madera.
'Como ya no alcanzan los salones, algunos han decidido levantar paredes y construir su propio techo', manifestó Ana Isabel Barbas, una madre cabeza de hogar que vive en este sitio en compañía de sus 7 hijos.
En este improvisado vecindario las familias comparten zonas comunes como el patio y el único baño.
'A veces se congestiona la ida al baño, no es fácil compartirlo con tantas personas. Nos ha tocado acostumbrarnos', explicó Liseth Colpas, quien habita en el lugar con sus 4 hijos.
Los moradores coinciden en que la difícil situación económica los ha obligado a enfrentar estas 'condiciones extremas'.
'Los arriendos son muy caros, y aquí no tenemos que pagar por nada', dijo Bertha Bolívar.
Los servicios públicos con los que contaba el colegio ahora son aprovechados por sus nuevos residentes, con el único servicio que no cuentan es con el de gas natural.
'No nos llegan facturas y para cocinar usamos estufas eléctricas', agregó.
Algunos dicen que les preocupa el tema del hacinamiento que puede ocasionar problemas de salubridad, sobre todo en los niños que son mayoría en el lugar.
En cada uno de estos pequeños salones conviven entre 6 y 15 miembros de cada una de las familias.
'Lo que más nos preocupa son los niños, ellos tienen que sobrellevar toda esta difícil situación'.
Los 20 salones de clases que tiene esta institución y que amenazaban con 'derrumbarse', mientras estaban los estudiantes, hoy siguen firmes, resguardando a estas familias que en su mayoría sobreviven del 'rebusque'.
'El colegio se cerró porque representaba un peligro; sin embargo, nada ha sucedido desde entonces. Nunca debieron trasladarlo', manifestó el líder comunal.
Si serán o no desalojados es un tema que no preocupa a sus habitantes. Ellos manifiestan que por aquí 'nunca se ha asomado ninguna autoridad'.
La Secretaría de Educación dijo que el colegio fue trasladado debido a una orden judicial que así lo dispuso, lo que impidió su uso con fines educativos.
