El vicepresidente del Gobierno de Madrid, Pedro Rollán, aseguró este jueves que emprenderán 'cuantas acciones judiciales correspondan para la defensa de los intereses de Canal de Isabel II y su filial Inassa, tras el embargo del 82% de participación que la multinacional tiene en la empresa Triple A, por parte de la Fiscalía General de la Nación.
Según medios españoles, el anuncio se dio durante la plenaria de la Asamblea de Madrid, donde el diputado Diego Cruz Torrijos preguntó a Rollán por las consecuencias que puede tener para el Canal de Isabel II el embargo de Inassa en Barranquilla y solicitó que recupere 'el futuro' de la empresa, al suponer que 'no son buenas noticias' y que 'habrá consecuencias'.
Como respuesta el vicepresidente aseguró que 'no se ha producido ningún embargo' de estas acciones, y aseguró que es 'una medida cautelar de carácter transitorio y temporal' y 'hasta la fecha' no tienen conocimiento de que 'se hayan iniciado los trámites legales necesarios para el proceso de extinción del dominio' de la empresa madrileña.
'La medida cautelar adoptada por la Fiscalía General de la Nación no compromete ni la solvencia ni la solidez de las cuentas de Canal', señaló Rollán, al tiempo que argumentó que Canal 'siempre ha mantenido una política de prudencia financiera, basando su gestión en un crecimiento sostenible que equilibra las inversiones'.
Durante el debate, el vicepresidente regional manifestó además que Canal está defendiendo sus intereses 'patrimoniales y económicos' ante estas medidas, que han llevado a la agencia de calificación de crédito Moody's, cumpliendo con sus procedimientos habituales, a poner 'revisión a la calificación' otorgada a la empresa pública.
Recordemos que Triple A tiene acciones de Inassa, filial en Latinoamérica de la empresa pública madrileña Canal de Isabel II.
Según la Fiscalía, en las pruebas que aparecen en el expediente desde el año 2000 hasta 2017 se detectaron supuestos pagos fraudulentos a través de un 'contrato de asistencia técnica', que habría causado un detrimento cercano a los $236.853 millones.
¿Cómo va el caso?
En enero, la fiscal anticorrupción del Caso Lezo, Ana Cuenca, aseguró que habían llegado al final de la investigación y que tenía pruebas suficientes para acusar a los directivos europeos y latinoamericanos de las empresas involucradas en el caso: Sebastiao Cristovam, Ignacio González, Edmundo Rodríguez, Luis Vicente Moro y a los colombianos Ramón Navarro Pereira y Diego García Arias, de los delitos de malversación de caudales públicos y cohecho.
En marzo de 2018 el juez 15 con control de garantías de Barranquilla, Daniel Corrales, ordenó la detención domiciliaria de Ramón Navarro Pereira, exgerente de Triple A, investigado por presuntos hechos de corrupción en el manejo de los recursos de la compañía y por el aparente incremento patrimonial injustificado de los socios de Inassa.
