Luego del desalojo del lavadero ubicado en el puente del Country, en el norte de Barranquilla, varios empleados de otros establecimientos informales de este tipo se mostraron sorprendidos por la medida.
Según ellos, las autoridades no se han acercado a los establecimientos y les han permitido continuar con sus labores.
El secretario de Control Urbano y Espacio Público, Henry Cáceres, aseguró que 'el solo hecho de que estos lavaderos funcionen en el espacio público es contradictorio a que sean legales' e informó que entre 2015 y 2018 registraron 15 procesos sancionatorios.
Según manifestó Cáceres, 'nadie puede tener un negocio en el espacio público' e indicó que los lavaderos que se han desmantelado es porque son 'ilegales'. Esto, atendiendo las disposiciones del Código Nacional de Policía y Convivencia en el artículo 140.
En colaboración con la Secretaría de Tránsito, la Secretaría de Control Urbano y Espacio Público ha ido identificando los lavaderos informales y se han acercado para aplicar las sanciones correspondientes.
El resultado de estas acciones de control fue la incautación de elementos utilizados en las actividades de estos lavaderos, imposición de comparendos por parte de la Policía Nacional y el retiro de la ocupación ilegal.
En el lavadero del puente del Country, en donde se realizó el desalojo el pasado 2 de abril, la Policía hizo presencia el día de ayer, evitando que reanudara sus actividades. Según denunciaron algunos vecinos, el improvisado establecimiento había vuelto a funcionar, por lo que las autoridades acudieron a verificar la situación.
Varios de los empleados del lavadero se manifestaron en contra del desalojo, asegurando que las autoridades no los dejan trabajar. Para ellos, el lavadero tiene sus papeles al día y las medidas 'no han sido justas con ellos'. Incluso, enseñaron varios recibos en donde muestran que estaban pagando el servicio de agua, por lo que demandan que les respondan por su trabajo.
'Algunos de nosotros llevamos más de 30 años lavando carros aquí en el mismo lugar. Lo único que pedimos es eso, que nos dejen trabajar. Al menos que nos ubiquen en otro lado porque a un viejo como yo de 60 años nadie lo va a recibir en ningún lado. Yo solo sé lavar carros', dijo Jorge Bacca, uno de los lavadores de autos del puente del Country.
En una de las facturas que los empleados le mostró a EL HERALDO, que además aparece bajo la razón social Lavadero de Carros, el valor a cancelar registrado es de $225.000. Según manifestaron los lavadores, el negocio está registrado ante Cámara de Comercio y tienen 'todos los papeles al día'.
En otros puntos de la ciudad, varios lavaderos de carros han continuado con sus labores sin inconvenientes. Varios de los propietarios y empleados aseguraron que no han tenido altercados con las autoridades y que han continuado sus labores sin contratiempos.
Según expresaron, sus familias dependen del ingreso que proviene de los lavaderos y es por eso que se han dedicado durante tantos años a esa labor.
'Por acá a veces se acerca la Policía a pedirnos los papeles pero tenemos todo al día. Cámara de Comercio, el tema del uso del agua y otros ambientales. A veces los problemas pueden ser con los vecinos, en caso de que se vayan a quejar, pero nosotros nos llevamos bien con ellos. No ha habido problemas de ningún tipo', manifestó Víctor Avendaño, propietario de un lavadero en Las Nieves.
Para evitar problemas con los vecinos y no inundar las calles, en otro lavadero en Las Nieves construyeron un pequeño canal que regula la salida del agua.
Esta medida, según contaron,'mantiene a los vecinos a raya', según manifestó Anderson León, uno de los empleados del lavadero. Para él, el único problema que tienen es que no llegan suficientes carros al día, pero que con la Policía o las autoridades nunca han tenido altercados.
