La Sociedad de Activos Especiales, SAE, que por orden de la Fiscalía controla desde octubre pasado el 82% de las acciones -que eran de Inassa- en Triple A, pone al descubierto aparentes anomalías que encontró cuando llegó a la empresa de servicios públicos.
La presidenta de la SAE, María Virginia Torres, asegura que hubo supuestas omisiones en la contratación del operador de aseo y que había en la empresa vacíos en los procedimientos para contratar y para la aprobación en junta directiva de muchos de esos contratos a pesar de que su valor superaba los $50 mil millones.
EL HERALDO tuvo acceso a las respuestas de la SAE, Triple A, la Superintendencia de Servicios y el Ministerio de Vivienda al senador Jorge Robledo, del Polo Democrático, quien citó un debate de control político sobre la empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla para el próximo martes en la Comisión Quinta de la cámara alta.
Contrato de aseo
La SAE dice en la carta fechada el pasado 14 de mayo que Triple A 'no gestionó con la planeación debida la contratación del nuevo operador de aseo' y que 'faltando pocos días para el vencimiento del plazo –el 17 de noviembre de 2018– no había términos de referencia'.
Así mismo, advierte la Sociedad que la firma Castro Nieto Abogados 'no tenía la experticia' para estructurar la contratación, por lo que la junta directiva aprobó la contratación del interventor Valor y Estrategias, para auditar el contrato con el estructurador, además porque a este 'se le pagó más de la mitad del contrato sin haber entregado' lo convenido.
La presidenta de la SAE dice también que el revisor fiscal de Triple A, que era Blanco & Blanco –el mismo que hacía la auditoría desde hacía 20 años– fue cambiado porque 'no estaba ejerciendo de manera idónea sus funciones' y por una 'falta de participación cuidadosa y activa frente a las particularidades y hechos derivados del contrato de asistencia técnica', que es el que habría permitido que desde 2000 hasta 2017 Triple A le pagara a Inassa $237 mil millones por actividades que al parecer nunca se cumplieron.
Por ello, Triple A separó las funciones de revisoría fiscal y auditoría: la primera la cumple Ernest & Young y la segunda PFK Amézquita & Cia.
