Ante los asistentes al evento de clausura del Congreso Nacional de Andesco, el presidente de la República, Iván Duque, anunció que su Gobierno está haciendo grandes esfuerzos para enfrentar el problema del servicio de energía eléctrica de la Costa Caribe, por lo que espera que antes de finalizar este año se definan los operadores de Electricaribe.
En su intervención ante los empresarios del sector de servicios públicos y las telecomunicaciones, el mandatario aseguró que la definición de los operadores le dará oxígeno a la Región Caribe, que espera una solución estructural y definitiva al problema que enfrentan los usuarios.
Duque recordó que cuando llegó al Gobierno (agosto de 2018) la empresa tenía dos años de intervención. 'Teníamos muchísima desazón, grandes quejas y problemas legales infinitos', afirmó.
A esta situación, según Duque, se sumaba un hecho insólito: ninguno de los acreedores quería recibir los activos de Electricaribe, lo que demostraba 'el alto nivel de desconfianza de ellos, en lo que podía ser una solución'.
Para Duque, hoy el panorama es muy diferente, pues el Gobierno decidió hacerse cargo del pasivo pensional, comenzó un proceso competitivo con 'una diferenciación de mercados' y ha dado los pasos necesarios para definir quiénes serán los operadores del servicio para los usuarios de la Costa Caribe.
Las palabras del presidente ante los empresarios agremiados en Andesco refuerzan la confianza frente al proceso de escogencia del operador que lidera el Gobierno a través de la Superintendencia de Servicios Públicos.
Esta confianza se había visto perturbada por las declaraciones que dio el pasado jueves la ministra de Minas, María Fernanda Suárez, en el mismo evento que congregó durante dos días a los empresarios.
La ministra dijo que con la precalificación de seis compañías interesadas en operar Electricaribe, el Gobierno Nacional se encontraba optimista frente al proceso.
Sin embargo, Suárez fue enfática al afirmar que si no se define uno o dos operadores no ve 'ningún otro camino, por ahora, que nacionalizar, pues ya lo que está ofreciendo ahora mismo es una estructura de activos'.
Estas declaraciones de la ministra generaron diferentes reacciones.
Mauricio Gómez, senador por el partido Liberal, dijo que cree en el cronograma planteado por el Gobierno para la escogencia del operador o de los operadores, por lo que le parece muy positivo como solución a la crisis del servicio en la Costa.
Sin embargo, le parece 'irresponsable' de parte de la ministra hacer dichas afirmaciones cuando se tiene un proceso claro, en el que el Gobierno ha 'maximizado' las posibilidades para que llegue un operador de energía.
'Estas afirmaciones generan inseguridad en los operadores... Yo, siendo la ministra, me ahorraría esas palabras', manifestó Gómez.
César Lorduy, representante a la Cámara por Cambio Radical, aseguró que es una propuesta prematura, que antes de lanzarla debe ser revisada con detenimiento, pues el Gobierno debe mirar si el Estado tiene los recursos para acudir a esa medida.
Lorduy conceptuó que la nacionalización no es el mejor escenario para el Gobierno, porque tendría que buscar por lo menos 10 billones de pesos, recursos que no están contemplados dentro del Plan Nacional de Desarrollo.
Según Lorduy, estos recursos serían para hacer las inversiones y la compra de los activos y los pasivos. 'Si no hay plata quedaríamos como estamos actualmente, pero sin resolver los problemas de fondo, sino mitigando el problema a través del fondo de la Superservicios', explicó.
Entre tanto, Martha Villalba, representante a la Cámara por el Partido de la U, dijo que el Gobierno se la está jugando toda por un operador, con reglas claras de juego.
Villalba dijo que esto le permitirá a las empresas precalificadas conocer el sector y mirar las ventajas y desventajas del mercado, teniendo en cuenta que la Superservicios ha sido bastante abierta al mostrar las condiciones y los compromisos que adquiere el Gobierno nacional.
En cuanto al plan B planteado por la ministra, Villalba aseguró que esta es una muestra de que el Gobierno no quiere escurrirse frente al problema de la Región con la prestación del servicio.
