Las obras de intervención del Muelle de Puerto Colombia, que después de varios intentos se iniciaron el pasado 3 de julio, abren una nueva discusión por cuenta de la cancelación del estudio arqueológico.
La norma vigente establece que una obra con valor histórico, en el caso del Muelle de Puerto, considerado bien de interés cultural de la Nación, requiere un programa de arqueología preventiva, un procedimiento de obligatorio cumplimiento cuyo objetivo es garantizar la protección del patrimonio arqueológico, establecido en la Ley 397 de 1997.
En el caso de esta obra, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), la autoridad en estos asuntos, señaló a través de un oficio, al que tuvo acceso EL HERALDO que iniciará 'los trámites pertinentes para determinar las posibles afectaciones sobre el patrimonio arqueológico de la Nación por la omisión de la realización del programa de arqueología preventiva para el proyecto del Muelle'.
El oficio se produjo como respuesta a una solicitud de cancelación que realizó el antropólogo Lázaro Miguel Cotes Cotes, quien sería el encargado de realizar el monitoreo en las obras de reconstrucción de los 200 metros del Muelle. Cotes al parecer era quien figuraba como titular en la licencia arqueológica.
En la solicitud de cancelación, Cotes expone que '... a pesar de los acercamientos que hemos tenido con ambas partes (Fontur y la Gobernación del Atlántico) no ha sido posible definir una ruta de trabajo idónea para desarrollar los trabajos (...) '.
En otro de los puntos, también se lee que: 'A la fecha, no hay claridad entre Fontur y la Gobernación en relación a quién le corresponda asumir el costo de la ejecución del programa de arqueología preventiva (...)'.
Sobre lo expuesto, finalmente Cotes declara que ante el panorama, y teniendo en cuenta que los trabajos comenzaron, podría generarse una afectación al patrimonio cultural de la zona, por lo que solicita la cancelación de esa licencia con número 7006.
En ese sentido, el ICANH —autoridad gubernamental científica y técnica adscrita al Ministerio de Cultura— acepta la solicitud, teniendo en cuenta que no se pudieron adelantar los procesos, y declara que esa licencia queda sin validez para intervenir el patrimonio arqueológico, ni para adelantar trámites ante autoridades ambientales (...) por parte de las empresas responsables del proyecto.
El Instituto de Antropología e Historia también advierte que le interesa conocer las razones por las que Cotes no informó con anterioridad de las dificultades que estaba teniendo para desarrollar el programa preventivo.
'De hecho, sus comunicaciones al respecto daban cuenta de retrasos en la ejecución de las obras civiles, pero no a problemas contractuales, técnicos o logísticos (...) ', señala el documento.
Finalmente, el ICANH ratifica a la comunidad en general y de manera particular a Fontur y a la Gobernación, que en cualquier tipo de obra civil dentro del área de influencia directa del proyecto del Muelle se deberá iniciar previamente el trámite de una nueva intervención arqueológica, tal y como lo señala el Artículo 72 de la Constitución.
Cancelación licencia
Luego de la cancelación de la licencia, Lázaro Cotes puso en conocimiento de la decisión del ICANH a Fontur con un oficio remitido el día 11 de julio de 2019.
Pero previo a esta notificación, Cotes ya había advertido a Fontur en junio 6 de 2019 que debía suspender las obras civiles en el proyecto, hasta que el ICANH emitiera un concepto sobre la ejecución de las mismas, sin el programa de arqueología preventiva.
