La aplicación de la cadena perpetua a violadores de menores de edad reavivó una polémica en Colombia. Un grupo de expertos de la Universidad Simón Bolívar analizó esta propuesta del presidente de la República, Iván Duque, desde los puntos de vista del derecho constitucional y penal, la sociología y la psicología.
Los complejos trámites para la implementación de la prisión de por vida y las reiteradas veces en las que se ha planteado, generan incredibilidad en los especialistas. El debate pasa más por un asunto de populismo que por una verdadera prioridad para el Gobierno nacional. Así lo consideran los abogados Eduardo Palencia Ramos, constitucionalista y magister en Ciencias Políticas y Derecho Público; y Samudio Mosquera Palomeque, coordinador de Derecho Penal de Unisimón.
Dos casos mediáticos han activado la propuesta del Presidente. El primero fue la violación y el asesinato de Génesis Rúa, de 9 años, en Fundación (Magdalena), en octubre pasado. 'Estoy a favor de que Colombia tenga cadena perpetua para asesinos y violadores de menores', dijo para repudiar el crimen. Y el caso de Sharik Buitrago, de 10 años, en El Retorno (Guaviare). 'El paso debe ser claro: cadena perpetua para violadores y asesinos de niños', reiteró.
Para Palencia, el debate gira en torno a afirmaciones coyunturales que responden a una indignación popular y a lo que en derecho se denomina populismo punitivo. 'Los mandatarios, sobre todo en Latinoamérica donde hay constantes vulneraciones a los derechos humanos, proponen medidas que saben que tendrán una acogida popular, pero que no se van a materializar porque contradicen la Constitución'.
La Constitución colombiana establece que nadie será sometido a desaparición forzada, torturas ni tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. La misma se acoge además a tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, entre los que se incluyen normas que prohíben este tipo de castigos.
'Son dos fundamentos desde lo constitucional y los tratados internacionales que nos hacen entender por qué esta medida sería un atropello contra la misma legislación colombiana', enfatizó.
La Constitución abre la posibilidad de implementar modificaciones como la cadena perpetua. Hay dos vías para ello: una Asamblea Nacional Constituyente o una reforma del Congreso de la República, como constituyente derivado. Para una Asamblea, el único que puede convocarla es el pueblo, luego de que el presidente la proponga. Es un proceso largo en el que hay ocho debates que requerirían mayorías absolutas. Una vez se aprueba, se da una Ley de Convocatorias que pasa a la Corte Constitucional, la cual determina su exequibilidad o inexequibilidad.
'Si es a través el Congreso, tras la aprobación de la reforma, debe llegar a la Corte y lo más probable es que la declare inexequible, porque no va ir en contra de lo que dice la propia Constitución', añadió Palencia.
Las cifras de este delito en Colombia van en aumento. Entre enero y abril de este año se presentaron 8.230 denuncias por violencia sexual contra menores, lo que significó un incremento de 1.065 (15%) respecto del mismo periodo del 2018, según Medicina Legal.
Desde lo penal . El Código Penal establece penas entre 12 a 20 años de cárcel por abuso sexual de menores de 14 años. Cuando hay feminicidios, pueden ir de 40 a 60 años.
Samudio Mosquera, coordinador de derecho penal de Unisimón, sostuvo que los jueces deben ser muy ponderados al establecer condenas por estos delitos.
'Hay muchos casos en que la Fiscalía o los jueces investigan y se dan cuenta que son accidentes, pero en otros sí son intencionales; es ahí cuando se deben castigar, luego de analizar el estado mental de la persona. Hay gente con enfermedades o patologías que no han crecido mentalmente, se creen niños y actúan así creyendo que es correcto. Eso, en derecho penal, se llama error de tipo. Sería injusto imponerle una cadena perpetua a un enfermo mental', indicó.
El penalista propuso sanciones fuertes –no la muerte–, como la castración química, vigente en Estados Unidos y algunos países de Europa. 'Esto no es una prohibición constitucional, el Congreso colombiano podría legislar y aplicarse'.
El riesgo de la implementar cadena perpetua en Colombia son las posibles injusticias del sistema. 'Este país no está preparado técnica ni científicamente para investigar delitos comunes como hurtos, homicidios o peculados, mucho menos para los delitos sexuales a fondo', afirmó.
Las cifras de Medicina Legal evidencian que la forma de violencia más usual en Colombia es el abuso sexual. En el caso de abuso de menores, en el 45 % de las denuncias los victimarios eran miembros de sus familias, mientras que el 20 % eran conocidos y el 5 % eran desconocidos.
