La Unidad para las Víctimas ha identificado y detectado en todo el país organizaciones fachada y personas conocidas como ‘tramitadores’ que contactan a las víctimas prometiéndoles ayudas económicas, subsidios, indemnizaciones, vivienda y todo tipo de beneficios a cambio de dinero o votos políticos, que se constituyen en el delito de estafa
En Atlántico, las víctimas del conflicto armado denunciaron en el nuevo Punto de Atención de Malambo, los cobros que les vienen haciendo desde noviembre del año pasado una persona a quienes referencian como ‘Johanna’; quien las habría citado a una reunión política para ofrecerles tramitar de manera más rápida la indemnización y acceso a vivienda a cambio de votos y de $ 20 mil pesos por cada víctima.
Debido a esto, la entidad hizo este mes el lanzamiento de la campaña contra el fraude 'Que no le echen cuentos', reforzando su estrategia con el apoyo de la Fiscalía General de la Nación, la cual no solo pretende detectar registros de falsas víctimas sino prevenir a intermediarios que pueden aprovecharse económicamente de las víctimas.
'Ella hizo una reunión en la casa de una vecina, ahí fue donde dijo que trabajaba en la Unidad y que la indemnización la iba a quitar el Gobierno pero que ella nos iba a tramitar eso antes que se acabara, que solo debíamos pagarle $ 20 mil pesos para cubrir gastos de papelería, y que ella no iba a cobrar nada porque la idea era que votáramos por el político', expresó Martha Pérez*, víctima de desplazamiento quien accedió junto a su familia a este ofrecimiento. Tras conocer el lanzamiento de la campaña en medios de comunicación denunció los hechos.
El director General de la entidad, Ramón Rodríguez, anunció que del Registro Único de Víctimas, se ha logrado depurar cerca de 15.000 registros que presuntamente presentaban inconsistencias, de los cuales a la fecha se han excluido 6.177 casos que corresponde a 34.641 personas.
Alfredo Palencia, director de la entidad en Atlántico dijo que la seccional ha recepcionado 104 denuncias contra fraude, dentro de las que se han detectado 25 falsas declaraciones que equivalen a 132 personas excluidas.
