Mujeres cargando enseres pesados ante la mirada de un pelotón de Policías y agentes de la fuerza pública. Chillidos de cerdos y graznidos de una bandada de patos. Esas dos escenas fueron la constante en el desalojo de las 13 familias que se produjo ayer en el lote denominado ‘El Puente’, ubicado en el corregimiento Eduardo Santos, en urbanización La Playa.
Cargando sus pocos enseres hacia la carretera que conduce hacia Sabanilla se encontraba Laura Padilla, una mujer que aseguró nunca haber recibido la advertencia de que se encontraba en un predio privado. Dice que llevaba residiendo en esa zona por más de 17 años.
'No sabíamos nada de este desalojo. A las 6 de la mañana llegaron todas las autoridades sin ninguna orden de desalojo. No nos dieron un tiempo estipulado para sacar nuestras cosas ni nada', asegura Padilla.
Con maquinaria pesada y un fuerte dispositivo de la fuerza pública, funcionarios identificados con emblemas de la Alcaldía de Barranquilla realizaron el procedimiento que demoró más de 7 horas.
'No hubo notificación'
En el predio, de 67 hectáreas, habitaban 13 familias, en casas levantadas muchas de ellas en zinc y madera.
Roberto Artuz, abogado de las víctimas, asegura que el procedimiento es 'ilegal', dado a que no existe la orden de un juez que ordene el supuesto desalojo.
'La diligencia que ni siquiera fue notificado a los campesinos sino mediante el oficio que fue remitido al Personero distrital de Barranquilla, no hubo una solución de reubicación, no dieron un plazo para que estas personas pudieran reubicarse. Todo fue a la luz de la clandestinidad', dijo Artuz.
El procedimiento estuvo a cargo del alcalde menor de la localidad de Riomar, Oscar Alzate, quien durante el operativo de abstuvo de dar declaraciones a esta casa periodística.
Sin embargo, el alcalde Alzate fue contactado vía mensaje de texto y señaló: 'La diligencia del día de hoy (ayer) se trata de una comisión judicial, en el cual se materializó la orden de un juez de la República, todo dentro de la colaboración armónica de las ramas del poder público', dijo el mandatario.
Emerson Bahorque, otro de los afectados, señaló que de manera 'indiscriminada' a tumbar las casas sin ninguna orden.
'Acá teníamos sembrado yuca, plátanos y criábamos animales desde hace más de 10 años. Yo quisiera saber para qué utilizarán este predio', se preguntó Bahorque.
En el lugar hicieron presencia, ICBF, Migración Colombia, Policía Nacional; sin embargo, este medio no pudo constatar la presencia de funcionarios de la Defensoría del Pueblo y Personería.
Este medio intentó hablar con varios de estos funcionarios pero ninguno accedió a ofrecer declaraciones.
