La empresa Naturgy manifestó este martes su rechazo a la decisión de la Contraloría General de la República de imputar cargos contra Electricaribe y contra su revisora fiscal. Tras manifestar su preocupación por el tema, dijo que espera que se garantice el debido proceso a la compañía en la imputación de cargos por de responsabilidad fiscal por $187.227 millones, por la presunta aplicación indebida de los recursos del Fondo de Energía Social, Foes, que son de destinación específica.
A través de un comunicado de prensa, Naturgy aseguró que los subsidios 'en todo momento se usaron', con fundamento en la normatividad vigente, para cubrir los gastos de operación en las denominadas Zonas Especiales.
En el comunicado, la compañía dijo que le 'causa especial extrañeza' que las mismas autoridades colombianas de la época (Ministerio de Minas y Energía, Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y Contraloría General de la Nación), en el ejercicio de sus funciones, 'avalaron el esquema que solo ahora, después de la intervención y en el marco del litigio internacional, se resalta como ilegal'.
'En un amplio número de resoluciones, sentencias e informes, tanto el Ministerio de Minas como la Superintendencia de Servicios Públicos y la misma Contraloría, avalaron la forma de aplicación del FOES y reconocieron que dichos recursos se usaron para atender los gastos propios de la operación y del servicio en la costa atlántica. Máxime en un contexto socioeconómico donde el impago de las factura y el robo de energía se generalizaban sin que el marco regulatorio, las medidas legales o las fuerzas de seguridad dieran una respuesta adecuada a las necesidades del servicio', indicó Naturgy en su comunicado.
La compañía también dijo que le sorprendía que la imputación llegara inmediatamente después de presentado el último escrito de Colombia en el arbitraje internacional iniciado por la compañía tras la toma de Electricaribe (ECA) con fines de liquidación iniciada en 2016, y con la audiencia final a pocos meses vista.
'Naturgy advierte que no existen fundamentos de hecho ni de derecho para arribar a tal pliego de cargos, y que estudiará las vías nacionales e internacionales a disposición para poner de manifiesto esta presión incausada e indebida', manifestó la compañía en la comunicación.
Seguidamente agregó que 'durante más de diez años, distintas autoridades colombianas avalaron mediante múltiples decisiones y actuaciones la aplicación del FOES al denominado 'consumo distribuido', propio del esquema de medición y facturación comunitaria que se aplica en las denominadas Zonas Especiales (Barrios Subnormales, Zonas de Difícil Gestión y Áreas Rurales de Menor Desarrollo)'.
