La demanda que interpuso el defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, contra el Plan Nacional de Desarrollo en lo concerniente al paquete de iniciativas que buscan asegurar la prestación 'eficiente' del servicio de energía en la Costa Caribe busca que se declaren inexequibles 3 de los 8 puntos establecidos en dicho plan.
En un documento de 40 páginas presentado ante los magistrados de la Corte Constitucional, Negret presentó la acción pública de inconstitucionalidad en contra de los artículos 313,315 y 316 de la Ley 1955 de 2019, por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022.
El Artículo 313
Negret demandó el articulo 313 por el cual se crea una sobretasa por kilovatio hora consumido, lo que permitiría generar los recursos para fortalecer al Fondo Empresarial en el territorio nacional. El artículo establece que a partir de la expedición de la ley y hasta el 31 de diciembre de 2022, se crea una sobretasa nacional de 4 pesos por kilovatio hora de energía eléctrica consumido, que será recaudada por los comercializadores del servicio de energía eléctrica y girada al Fondo Empresarial de la Superservicios.
Al respecto, el representante César Lorduy (Cambio Radical) resaltó que la mayoría de las veces los recursos del Fondo Empresarial son insuficientes para cumplir con su propósito, en especial cuando se trata de una empresa del tamaño de Electricaribe, que entre otras, ha tenido que acudir a diferentes fuentes de financiación como créditos con la banca nacional, contando para ello con el apoyo del Ministerio de Hacienda.
'La sobretasa de $4/KWh, que en el caso del Caribe, solo la pagaran el 11,71% de los clientes de Electricaribe, es una fuente adicional de recursos que permite al Fondo Empresarial avalar y apoyar garantías de Electricaribe, que de otra manera no podría obtener fundamentalmente para la compra de energía y para prestarle a esa empresa recursos para realizar urgente inversiones. Sin esas garantías y sin esos recursos la empresa se apagaría', explicó Lorduy.
Artículo 315
El otro artículo que demanda el Defensor del Pueblo es el 315, por el cual se garantiza la sostenibilidad del servicio público mediante la asunción de pasivos. Según lo ha determinado la Superservicios, Electricaribe es inviable, y esa es la razón por la que se intervino con fines de liquidación con una etapa de administración temporal.
La norma antes citada, permite que la Nación asuma el pasivo pensional y prestacional de Electricaribe y con ello proteger los derechos de los pensionados de esa empresa. 'Ese es uno de los pasivos más significativos que tiene Electricaribe, que al asumirlos la Nación logra que esa empresa sea atractiva para un inversionista-operador', explica Lorduy.
Artículo 316
El último artículo que demanda la Defensoría es el 316, relacionado con los términos y condiciones de las medidas de sostenibilidad.
Con esto se garantizaría que como contraprestación por la asunción de los pasivos la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público directa o indirectamente adquirirá una o más cuentas por cobrar a cargo de Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P.
Teniendo en cuenta que la Nación asumiría el pasivo pensional y prestacional y el pasivo de Electricaribe con el fondo empresarial, esa empresa debe expedir una cuenta por pagar a favor de la Nación. Esta cuenta será cancelada por parte de Electricaribe con los recursos que le ingresen derivados de la venta de las acciones de Caribe Sol y Caribe Mar.
La solicitud del Defensor es que se declaren inexequibles estos tres artículos del PND por la violación de los artículos 346,347 y 359 de la Constitución Política de 1991 (que tratan sobre destinación específica de las rentas) y por la violación de la prohibición de conceder auxilio o donaciones en favor de particulares, contenida en el artículo 355 de la Constitución Política de 1991.
'Si se caen algunos de los artículos antes citados sería imposible el desarrollo de una solución para la prestación del servicio de energía en la Costa, lo que implicaría un gigantesco esfuerzo fiscal para la Nación, pues solo mantener en sus condiciones actuales a Electricaribe cuesta no menos de $100.000 millones por mes, y de contera desaparecería del escenario un inversionista que pueda hacer las inversiones ($10 billones) necesarias para que el servicio de energía eléctrica mejore en la Costa', dice el congresista Lorduy.
Retirar demanda
El senador Efraín Cepeda (Partido Conservador) calificó de desafortunada la acción emprendida por Negret, porque esto podría convertirse en un obstáculo que 'dinamite' la escogencia del nuevo operador.
'Tenemos que salir de la horrible noche en el Caribe colombiano, tenemos que acabar con la suspensión del servicio eléctrico que alcanza 400% por encima del resto del país. No se justifica que millones de caribeños estén pasando por esta situación', dijo Cepeda.
Agregó que es imperdonable que la Región Caribe tenga Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) superiores al promedio nacional. 'Que se destruyan empleos como consecuencia de los constantes cortes de energía, qué dirán los trabajadores y pensionados de Electricaribe que tienen puestas sus esperanzas en el Plan de Desarrollo que va a darles solución a los pasivos pensionales y garantizar la operación de la empresa mientras se concreta la venta', dijo al tiempo que exhortó al Defensor a retirar la demanda.
El senador Mauricio Gómez (Partido Liberal) expresó su rechazo absoluto a lo que considera un 'palo en la rueda' que le pone el Defensor del Pueblo al proceso del nuevo operador para la energía eléctrica en la Costa.
Recordó que hay un cronograma establecido,y por ello el Congreso de la República pedirá al Defensor enterarse bien de cómo ha sido el proceso, pues mandar 'bandazos' de este tipo lo único que hacen es perjudicar y demorar la llegada de un nuevo operador, para que la Costa Caribe pueda vivir de una vez por todas con calidad de vida.
'Nosotros vamos a pedir la próxima semana una reunión con el Defensor del Pueblo y le vamos a solicitar, muy respetuosamente, retractarse de esta demanda y nosotros de alguna manera vamos actuar en esto como Bancada Caribe', dijo Gómez.
El senador Carlos Meisel (Centro Democrático) dice que esta demanda es 'innecesaria', 'ilegal e improcedente', porque el gobierno está en su derecho de plantearle una salida a los más de 9 millones de colombianos que han sufrido este problema por más de 10 años.
'El Defensor del Pueblo debe estar preocupado por los intereses del pueblo y no por estar cuidando las espaldas o para mirar si sobre Electricaribe se hacen acciones constitucionales o no, yo creo que esta fuera de sus funciones y lejos de estar defendiendo al pueblo'.
El senador Arturo Char (Cambio Radical) dice que la demanda de la Defensoría pareciera temeraria, la empresa aún existe como entidad jurídica, lo procedente es demandar a la empresa, y que surta todo el proceso correspondiente. 'Provocar la inexequibilidad del capítulo del PND respecto a Electricaribe, es destruir la posibilidad de resolver el problema del servicio de energía eléctrica en la región Caribe. Hoy cuando el Gobierno Nacional está dispuesto a apoyar una solución estructural. Se percibe de la Defensoría una actitud errada', precisó Char.
