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La sede donde operará el Tribunal de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico ya está definida. Se trata de un espacio de tres pisos de 1.071 metros cuadrados cada uno, con once unidades de parqueaderos, incluyendo uno para discapacitados y nueve Salas de Audiencias que estarán en funcionamiento desde noviembre próximo. 

La sede, de manera transitoria, fue aprobada por el departamento arquitectónico de la Rama Judicial y se contempla, tras un concepto de ingeniería estructural, que el espacio quede adecuado para el funcionamiento definitivo del Tribunal. 

La edificación está ubicada en la Vía 40 con calle 73, donde anteriormente funcionaba una bodega de productos de aceros y metales.

El edificio contará con nueve despachos de magistrados, en área privada, con zonas de trabajo equipadas para seis personas auxiliares. El imueble también tendrá servicios técnicos con capacidad de suplencia eléctrica y una hora de bombeo continúo de agua en caso de incendio. 

César Torres Ormaza, presidente del Tribunal Administrativo del Atlántico, en compañía de Carlos Guzmán, director seccional de Administración Judicial en Atlántico y del jefe de infraestructura de la Rama Judicial, visitaron ayer la infraestructura para recolectar la información necesaria a fin de que el inmueble sea la sede definitiva de lo Contencioso.

'Hay una intención del Consejo Superior de la Judicatura de apoyar estos procesos de reubicación de los tribunales y su mejoramiento de sus sedes física, es por ello que nos visita el jefe de infraestructura quien ventilará este proyecto para que sea sede definitiva', señaló.

En el inmueble, que por ahora esta arrendado, tendrá un proceso de 'adecuación' que será entregada a finales de octubre y su entrada en funcionamiento sería en noviembre. 

Torres espera que una vez se haga esa intervención y adecuación venga otra comisión de Bogotá para que inspeccione la sede y se defina la compra del lote.

En la actualidad el Tribunal tiene solo dos salas de audiencia para los nueve despachos judiciales, que atienden más de 400 casos mensuales cada uno.