El próximo 27 de octubre los barranquilleros elegirán a la persona que llevará el rumbo administrativo de la ciudad. Desde la opinión pública las discusiones en esta campaña se han centrado en el manejo de los impuestos, la inversión pública, la política económica y la seguridad ciudadana; temas que se presentan como desafíos para el próximo alcalde.
De acuerdo con David Díaz, profesor de Economía de Uninorte, son tres los principales retos que deberá afrontar la próxima administración de Barranquilla. Por un lado, lo relacionado con la valorización social de la infraestructura construida y puesta al servicio de la ciudadanía durante las últimas dos administraciones distritales, lo cual requerirá inversiones considerables y permanentes para su mantenimiento y poder garantizar las coberturas de servicio que ofrecen en educación, salud, movilidad, medio ambiente, y recreación y deportes.
'Estos servicios deben continuar ofreciéndose con altos estándares de gestión y calidad. El crecimiento reciente de la infraestructura no tiene precedente en la historia de Barranquilla, ni en la de las demás capitales del Caribe colombiano', señala Díaz.
En segundo lugar, el académico destaca el reto de aumentar la competitividad de la ciudad, para lo que es necesario lograr mayores niveles de seguridad, así como mayor cobertura y calidad postsecundaria. 'Las demandas de capital humano para la prospección offshore de hidrocarburos requiere de una decidida acción para impulsar la educación terciaria, principalmente técnica y tecnológica, que demandan estos proyectos'.
Y como tercer desafío, Díaz señala el manejo local de la inmigración de ciudadanos venezolanos. 'La proyección de la oferta de bienes públicos debe tomar en cuenta que, según Migración Colombia, la población inmigrante que se establecerá en Barranquilla continuará creciendo en 2020'.
Por su parte Jairo Parada, profesor de Economía de Uninorte, enfatiza que el principal reto para la Alcaldía de Barranquilla es la seguridad ciudadana. Las cifras de hurtos del primer trimestre del año hablan por sí solas: las denuncias de robos aumentaron 30 %; el hurto de celulares creció 50,27 %, y las denuncias por 'cosquilleo' 54,95%, con respecto al mismo período de 2018.
En segundo lugar, considera que el alcalde deberá trabajar por mantener unas finanzas públicas sostenibles ante la estrechez fiscal que va a sufrir por la elevada deuda pública y las vigencias futuras. 'El reto subsiguiente es el desempleo, el cual es alto acompañado con demasiada informalidad'.
Desde el departamento de Economía de la Universidad del Norte sintetizamos las principales propuestas económicas de los cuatro candidatos a la Alcaldía para el período 2020-2023. Las propuestas fueron tomadas de la página de la Registraduría, donde se encuentran los cuatro programas de los candidatos.
En política económica
Los ejes centrales de Rafael Sánchez, candidato por la Alianza Social Independiente, son el emprendimiento, la productividad y la competitividad, con énfasis en la equidad. Considera que es necesario desarrollar planes y proyectos que tengan como fin la innovación y el emprendimiento, que permitan intensificar inversiones en sectores como el agroindustrial o el turístico, y que tengan efectos positivos sobre el mercado laboral.
Antonio Bohórquez, por el Polo Democrático Alternativo, propone una política de priorización del empleo para personas en condición de vulnerabilidad. Además, plantea una política que pueda acercar a empresarios y trabajadores a través del Sistema Público de Empleo. Propone avanzar en materia de conectividad para hacer de Barranquilla una ciudad más competitiva, mediante el mejoramiento de la navegabilidad del río Magdalena o la construcción de un puerto de aguas profundas.
Jaime Pumarejo, de Cambio Radical, establece que la clave se encuentra en la promoción exterior del aparato empresarial barranquillero, mediante la inversión pública en infraestructura y otras herramientas que permitan aumentar la competitividad de las empresas locales. Propone potenciar los parques industriales y las zonas francas de la ciudad, con el objetivo de atraer más empresas y que estas puedan aumentar sus exportaciones de bienes y servicios.
Diógenes Rosero, de la Alianza Verde, considera que el sector empresarial debe ser una fuente clara de desarrollo económico. Plantea un nuevo pacto fiscal para una mejora en la distribución de los beneficios generados por el trabajo. Para el candidato es vital la promoción de empresas y de oportunidades en el mercado laboral, a través de la formalización de trabajadores y de empresarios.
Fiscalidad
Diógenes Rosero considera que una ciudad sostenible precisa de unas finanzas públicas sanas y sostenibles en el largo plazo. En concordancia con eso, plantea que Barranquilla tiene poco margen de endeudamiento debido a que la construcción de obras públicas se ha hecho con vigencias futuras que comprometen los ingresos del distrito. Su propuesta fiscal central se basa en la búsqueda de fuentes alternativas de financiamiento, además del establecimiento de veedurías ciudadanas que incentiven un mayor pago de impuestos.
Rafael Sánchez propone una revisión y modificación del Estatuto Tributario Distrital. El objetivo es garantizar la permanencia y la atracción de nuevas empresas e industrias en la ciudad, pues señala que la 'severidad' de los impuestos en la última década ha contribuido a la desindustrialización. Propone incentivos tributarios para personas con vehículos que dejen la gasolina como combustible y transiten al gas y la energía eléctrica.
Para Pumarejo es clave que Barranquilla continúe en la senda de la disciplina y la responsabilidad fiscal. Plantea una racionalización del gasto público en funcionamiento, la optimización de las operaciones de manejo de la deuda pública y el crecimiento de los ingresos, a través de incentivar la cultura del pago de impuestos. Con su estrategia de Gobierno Abierto, Pumarejo espera que los ciudadanos puedan conocer el nivel de ejecución del presupuesto financiado con impuestos de los barranquilleros.
Antonio Bohórquez propone una revisión del sistema tributario de la ciudad, con el ánimo de generar mejores condiciones para la inversión. Quiere replantear el esquema de exenciones tributarias, a efectos de verificar su conveniencia, y revisar el esquema de concesiones existente, con la finalidad de verificar la posibilidad de acabar algunas de estas y renegociar otras.
Infraestructura e inversiones
Antonio Bohórquez centra sus propuestas de inversión en obras públicas: educación y movilidad. Quiere aumentar la infraestructura educativa del distrito para suplir la demanda local; obras que serán necesarias para garantizar la consolidación de la jornada única escolar. En el caso de la movilidad, espera realizar estudios técnicos que proyecten soluciones en el centro histórico y en otros puntos críticos, lo que permita realizar la infraestructura vial necesaria para articular todos los nodos de transporte urbano.
Jaime Pumarejo ve la inversión en infraestructura como uno de los ejes transversales en su propuesta. En materia de transporte público, planea la construcción de un tren costero y la adecuación de la malla vial para la adecuación de carriles para el tránsito exclusivo de buses y peatones. Espera continuar con la construcción de parques, escenarios deportivos e infraestructura educativa de calidad.
Diógenes Rosero considera prioritario que la realización de obras públicas tenga como fin último la disminución de la pobreza y el cierre de brechas. Focalizará la inversión en los sectores de seguridad y convivencia, haciendo hincapié en la inversión social, especialmente en los cinco servicios que disminuyen la pobreza multidimensional: alimentación y agua, salud, educación, vivienda y trabajo.
La prioridad para Rafael Sánchez es la movilidad y el espacio público será una de sus prioridades en materia de inversión. Apuesta por la recuperación y al mejoramiento del mercado público como uno de sus pilares programáticos. Con respecto a la movilidad, ha descartado la construcción de nuevas vías y apostar por distribuir la densidad de vehículos en las calles. Pese a la negativa en la construcción de nuevas vías, considera prioritario realizar inversiones que garanticen los derechos de personas con discapacidad en las calles, andenes o correntías.
