La tasa nominal de renta, la tasa de las megainversiones y la deducción del IVA pagado en la adquisición de bienes de capital son los tres artículos incluidos en la Ley de Financiamiento que propiciaron un nuevo aplazamiento, hasta febrero de 2020, de la subasta para la escogencia de un nuevo operador para el servicio de energía eléctrica en la región Caribe.
Así lo ratificó Natasha Aveñando, superintendente de Servicios Públicos, quien durante una visita a Barranquilla explicó que estos aspectos tienen un 'efecto relevante' en el proceso.
'Esas tres cláusulas son las que más afectaban a la inversión en este proceso. Por eso tomamos la decisión de esperar a tener certeza de las normas tributarias que deben aplicar los inversionistas y, en base a eso, serán sus cálculos de los activos de la compañía y podrán ofertar en febrero', aseguró la funcionaria, quien participó en el foro ‘Superservicios en las regiones: Construyendo control social’.
La funcionaria también aseguró que la decisión fue tomada para que las seis firmas precalificadas puedan tener el tiempo necesario para estudiar la situación y poder presentar su oferta, teniendo en cuenta que el impacto podría ser cercano a los $500 mil millones.
'Se espera que la Ley de Financiamiento esté aprobada a finales de diciembre y la subasta estaba presupuestada a principios de ese mes. Nos daba la incertidumbre que el inversionista debe hacer los cálculos con las normas vigentes y no con una ley en trámite. Ese es un riesgo muy alto para los inversionistas o el Gobierno teniendo en cuenta cualquiera que sea la decisión', sostuvo.
Indicó que la Ley de Financiamiento es un 'proyecto integral', por lo que no es posible separar 'a pedazos a conveniencia de intereses particulares del Estado', por lo que el Gobierno nacional tomó la decisión de presentar un nuevo proyecto al Congreso a los pocos días de que la Corte Constitucional declarara dicha ley como inexequible.
'Se presentó casi el mismo proyecto, debido a que la decisión de la Corte fue por un tema formal en el trámite legislativo. Ahora se busca que se subsane, pero con la convicción de que las normas que aprobó el Congreso de la República son las que se necesitan para impulsar el crecimiento económico del país durante los próximos años', agregó.
Avendaño ratificó que el Gobierno nacional tiene el 'compromiso' de seguir administrando la compañía, en el caso de que se declare desierta la subasta.
'En ese momento habrá que estudiar y anunciar las decisiones que se pueden tomar para el futuro. Tiene que quedar muy claro que el Gobierno se compromete con mantener la operación', explicó.
Además, la superintendente de Servicios Públicos explicó que no se ha analizado en detalle la propuesta de que cada departamento cree una empresa para la prestación del servicio de energía eléctrica: 'Precisamente de ahí partió lo que es Electricaribe, fue la suma de las electrificadoras que había en la región Caribe'.
