Aunque el Gobierno anunció que la subasta de Electricaribe tendría que aplazarse para febrero de 2020, debido a la incertidumbre con la aprobación o no de la ley de financiamiento, varios congresistas del Atlántico consideran que esta no tiene porqué afectar el proceso.
Contrario a esto, el presidente del sindicato de trabajadores del sector eléctrico, Hamilton Barreto, cree que sí se afectaría y en últimas son los usuarios y los trabajadores los que llevarían 'la peor parte'.
La representante Martha Villalba (de la U) enfatizó que el compromiso del Gobierno nacional es que la subasta se efectuará en febrero de 2020 sin más dilaciones; es decir, que pase o no pase la Ley de Financiamiento, va el proceso. 'Obvio que las condiciones serán totalmente distintas', dijo Villalba.
De hecho, la Superintendente de Servicios Públicos, Natasha Avendaño, dijo recientemente que si no funciona la Ley de Financiamiento tienen una certeza de las leyes tributarias que deberán aplicar los inversionistas.
Sobre el tema, el senador Efraín Cepeda (Partido Conservador) manifestó que el Congreso siempre ha sido responsable con la economía; por ello, se siente un ambiente favorable con la reforma en la mayoría de los partidos, por supuesto con cambios para mejorar.
Cepeda afirmó que no habrá inconvenientes con los artículos que pueden influir en la subasta, pero en caso hipotético que suceda algo con alguno de los artículos lo que se afecta es el precio, de ninguna manera la subasta.
'Afortunadamente el próximo año se invertirán más de $800 mil millones en el mejoramiento del servicio, pues este continúa su deterioro. Estoy seguro que el Gobierno jamás permitirá un apagón del 25% del país'.
Sin embargo, llamó la atención sobre tres factores: hacer la subasta en enero, bajar la exposición a bolsa a la mitad y agilizar la contratación de los más de $800 mil millones disponibles.
Por su parte, el senador José David Name (de La U) dijo que de no pasar la Ley de Financiamiento esto no tendría que ver en nada con el resultado de la subasta, pues a los senadores de la bancada Caribe nunca les dijeron que estaba condicionada la subasta a una Ley de Financiamiento.
Name cree que no hay ninguna empresa interesada de una manera formal, y, ante este hecho, la superintendente toma esta decisión de aplazar la subasta hasta febrero. 'Creo que el Gobierno tiene que tomar una medida seria, ver la posibilidad si se necesita nacionalizar la empresa, que la compañía entre en un proceso de saneamiento y una vez esté ya con números positivos si sacar la empresa a una subasta'.
El senador enfatizó que en el caso del partido de la U no se dejarán 'presionar' para aprobar una reforma tributaria a las carreras y que no le convenga al país.
Los perjudicados
Hamilton Barreto, presidente del sindicato de trabajadores, expresó su preocupación y dijo que en últimas son los usuarios, los trabajadores y los pensionados los que lleven la peor parte.
'Para nosotros es de gran preocupación, porque al parecer salió peor el remedio que el mal, pues esta empresa cada día se deteriora más, pierde dinero, invierte menos y creemos que ya hay un apagón sectorizado, pues la luz se va por parte y las inversiones que los estudios han definido no van ni por allí'.
Recordó que el estudio arrojó que se deben invertir unos $10 billones; es decir, $800 mil millones al año, pero el fondo empresarial lo que ha aportado son $125 mil millones y gran parte de esos recursos se han invertido en asesorías.
