A cuatro días de cumplirse los tres años de la intervención de Electricaribe por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, son varios los aspectos que preocupan a expertos del sector tanto de su situación actual como lo que va a pasar con ella a futuro.
Desde que el Gobierno nacional asumió el manejo de la empresa de comercialización y distribución de energía de la Costa Caribe ante el riesgo de un racionamiento para la región, se han realizado dos procesos para búsqueda de un nuevo operador. El primero de ellos abierto por el Gobierno Santos fue suspendido en noviembre de 2018 porque solamente había una firma interesada, que era el Grupo Enel, compañía que superaría los topes de mercado de energía si se quedaba con Electricaribe.
El segundo proceso fue abierto por el Gobierno Duque y está vigente. Este ha tenido dos aplazamientos en su cronograma. La última modificación estableció que las subastas programadas se realizarían en febrero del próximo año, una el 26 de febrero de 2020 para recibir ofertas por el mercado completo de la región con lo que se crearía la empresa Nueva Caribe y las otras dos con el mercado segmentado en dos empresas CaribeMar y CaribeSol, se llevarían a cabo el 28 de febrero.
En este proceso hay seis empresas precalificadas, tres nacionales y tres internacionales.
La preocupación de Sintraelecol
Mediante un comunicado, los presidentes de las juntas directivas del Sindicato de Trabajadores de la Energía de Colombia, Sintraelecol Costa Atlántica, expresaron su preocupación ante el aplazamiento de la búsqueda de una solución definitiva para asegurar la prestación 'eficiente' del servicio de energía.
En el documento firmado por Hamilton Barreto, Óscar Lema, Bayron Hernández, Joaquín De la Ossa, Guillermo Rendón, Elbert Cujia y Francisco Rodríguez cuestionan que la Superintendencia, con el 'sofisma' de esperar que el Congreso de la República apruebe la Ley de Financiamiento, aplace de nuevo la subasta pública para que los inversionistas interesados, tanto extranjeros como nacionales, presenten sus ofertas que permitan asegurar las fuentes de financiación y seguridad jurídica que estos exigen.
'Nos preocupa la inestabilidad que la Superintendencia en representación del Gobierno Nacional le está causando al proceso, como consecuencia de improvisaciones y la toma de decisiones apresuradas, agudizando la crisis y originando confusión al proceso, haciéndolo engañoso y prácticamente inviable; generando en los usuarios un clima de desconfianza e incertidumbre en la optimización y garantía eficiente de la prestación del servicio público esencial de energía, como objetivo fundamental de la toma de posesión', señalan.
Incertidumbre
El ex ministro de Minas y Energía Amylkar Acosta dice que tres años después de la intervención aún se mantiene una incertidumbre frente a lo que va a pasar con la empresa, en especial después del nuevo aplazamiento de la subasta que busca un nuevo operador.
Para Acosta, el problema no solo se reduce al tema argumentado por el Gobierno para el aplazamiento, con la caída de la Ley de Financiamiento que afecta las ofertas que se puedan presentar por los inversionistas interesados, sino que tiene que ver con la nueva regulación especial para el mercado de energía de la Costa, planteada en el Plan de Desarrollo y que está en manos de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg).
'Mientras las empresas interesadas no conozcan la nueva regulación, no se van a animar a presentar propuestas porque todo es incierto', señala.
Tarifas
De acuerdo con el director regional de Aciem, Carlos Pantoja, el tema tarifario está sujeto a las inversiones que haga el nuevo operador o el mismo Gobierno y a las exigencias que estableció la Creg para las empresas distribuidoras en el país que deben hacer inversiones en redes para modernizarlas.
'El punto para los aumentos de tarifa es cuando se de una solución definitiva para la empresa', manifiesta.
Uno de los logros de la intervención fue superar las limitaciones de suministro de energía que era objeto la empresa cuando fue intervenida.
'En esto hay que reconocer que se evitó que la Costa se viera sometida a racionamientos', señala.
Calidad del Servicio
Una de las grandes preocupaciones sobre la situación actual de la empresa tiene que ver con el deterioro de la calidad del servicio de energía en la región, donde los índices de número de interrupciones (Saifi) y duración de las mismas (Saidi) van en aumento y se ubican por encima del promedio nacional.
Carlos Pantoja asegura que la calidad del servicio sigue igual que hace tres años cuando comenzó la intervención. 'El servicio no ha mejorado y las inversiones no se han hecho', señala.
El experto llama la atención sobre las nuevas inversiones por $860 mil millones que se van a realizar por parte de la empresa, pues señala que apenas está comenzando el proceso y que los resultados no se verán en corto plazo.
Pantoja indica que en la medida que no haya una solución las fallas serán cada vez más severas y más frecuentes. 'Se van a ir complicando porque las subestaciones están trabajando con niveles de sobrecarga y eso generará mayor número de interrupciones'.
Para el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, el mejoramiento de la calidad servicio de energía en la región solamente será posible cuando se realicen las inversiones que se requieren en la expansión de la redes y el mantenimiento de equipos como subestaciones y líneas que tiene más de 20 años sin ser atendidos.
'Seguimos sin la inyección de capital que necesita la empresa', dice el mandatario, pues señala que hasta que no se defina el nuevo operador no se podrán realizar las grandes inversiones.
Verano afirma que una de las claves para encontrar inversionistas interesados en el proceso es que se ofrezcan reglas claras y esto solo será posible cuando sea aprobada la nueva de Ley de Financiamiento.
El exministro Acosta sostiene que en materia de calidad es fundamental que siga adelante el Plan5Cribe, que actualmente presenta retrasos en algunos de los proyectos. 'El Plan se ha venido ejecutando y no con la celeridad que se necesita y esto es grave porque mucho de los problemas que hoy tenemos y que encarecen la tarifa de energía se relacionan con el componente de restricciones (R) que aumentan por el deterioro de las redes'.
Aciem considera que para finales de febrero de 2020 es necesario que se conozca si habrá un nuevo o nuevos inversionistas para la prestación del servicio en la Costa o que el Gobierno diga cuál va a ser el nuevo modelo que va aplicar para seguir manejando la empresa.
Hay que cambiar más de 17 mil transformadores y solo han comprado 406
Sintraelecol resaltó que en materia de inversión para el mejoramiento de la infraestructura técnica, con relación a la compra de los transformadores de distribución, se 'pregonó' la compra de 406 transformadores como parte de la solución, pero la realidad muestra que se requiere el cambio de más de 17.000 para optimizar el sistema, lo que los lleva a dudar de la asesoría de la Junta Consultiva instituida para priorizar el plan de inversiones y vigilar que se cumplan con los requisitos para la adquisición de los elementos que se requieren y salvaguardar el recurso público desembolsado a través del Fondo Empresarial de la SSPD.
El sindicato de trabajadores aclara, además, que la Agente Especial, Ángela Rojas, decidió cambiar el sistema de ejecución de proyectos por la denominada figura 'llave en mano', lo cual representa -en términos de inversión- un 'sobrecosto de alrededor del 20%, dilapidando así los recursos que le presta a Electricaribe el Ministerio de Hacienda, a través del Fondo Empresarial'. Destaca que de los $735 mil millones aprobados por la Comisión Interparlamentaria de Crédito Publico en el documento Conpes 3933 para inversiones, con el 20% que equivale a $147 mil millones se podría comprar los 17.000 transformadores, otros equipos de potencia para las subestaciones y conductores de cobre para empezar a reemplazar las deterioradas redes de aluminio. Y se preguntan si los miembros de la Junta Consultiva tienen conocimiento de estas presuntas irregularidades.
Sobre la administración que hasta la fecha ha realizado la Agente Especial, Ángela Rojas, detallan: incremento de la nómina de trabajadores del ámbito administrativo en nuevos cargos y onerosos salarios; contratos de asesorías y consultorías innecesarios; terminación de contratos de trabajo a altos funcionarios sin justa causa, dando lugar a millonarias indemnizaciones con futuras controversias judiciales onerosas. Los trabajadores dicen que tales aspectos, se desvían del objetivo fundamental de la toma de posesión, como es la prestación eficiente del servicio.
