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Llegó el día D: el 21 de noviembre de 2019. El día de medirle el pulso a un gobierno agobiado por las presiones políticas externas de independientes y opositores, pero severamente fracturado por las evidentes divisiones al interior de su gabinete y con el partido que lo llevó al poder: el Centro Democrático.

Llegó el día de medir qué tan unidos están los movimientos sindicales y sociales en Colombia, y de poner a prueba su poder de convocatoria para movilizar a miles de colombianos a las calles en el territorio nacional, pero, además, para hacerlo de manera pacífica.

Llegó el día de medir qué influencia y de qué tipo han tenido las violentas protestas sociales que han estallado en el vecindario suramericano, desde Ecuador hasta Chile, pasando por Bolivia.

Llegó el día del paro nacional que comenzó a gestarse hace un mes como rechazo a las reformas laboral y pensional, de las que el Gobierno aún no radica una propuesta en el Congreso.

Pero sobre todo, llegó el día de medir en las calles para dónde va el país y qué rumbo quieren darle los colombianos.

La tensión ha estado en su máximo punto por cuenta de la estrategia de comunicación implementada por el Gobierno para salirle al paso a cada una de las razones esgrimidas por los organizadores del paro.

Transmisiones por Facebook para responder preguntas de ciudadanos, una intensa agenda de entrevistas del presidente y sus ministros en los diferentes medios nacionales y regionales y una alocución presidencial en la víspera ocuparon la actividad del Gobierno en la ofensiva mediática para bajarle el tono a la convocatoria.

Pero, por otro lado, las medidas ordenadas desde Palacio también han acrecentado el clima de tensión en el país. El acuartelamiento de las Fuerzas Armadas, el decreto para facultar a al alcaldes y gobernadores para adoptar toques de queda y la Ley Seca, los allanamientos efectuados por las autoridades en contra de medios alternativos y colectivos culturales y el cierre de fronteras han encendido las alarmas, incluso de la ONU.

El representante de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, Alberto Brunori, emitió un comunicado en el que recuerda que los gobiernos 'deben limitar y condicionar al máximo el uso de las fuerzas militares para el control de disturbios internos', y que la intervención de las fuerzas armadas en las protestas 'debe ser temporal, restringida, subordinada y fiscalizada por autoridades civiles y regulada mediante protocolos sobre el uso de la fuerza'.

Mientras que al paro nacional se han ido sumando voces de respaldo, incluso de celebridades como la propia Señorita Colombia, María Fernanda Aristizábal, y el cantante samario Carlos Vives, que reivindican los argumentos para salir a marchar este jueves, desde el propio partido de Gobierno, su máximo líder, el senador Álvaro Uribe, sostiene que 'el paro hace parte de la estrategia del Foro de São Paulo que intenta desestabilizar a las democracias de América Latina, secundado por grupos opositores cuyo propósito ha sido bloquear al gobierno del presidente Iván Duque'.