La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra 19 directores de Corporaciones Autónomas Regionales del país, de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) y del Departamento Administrativo del Medio Ambiente (Dagma) por presuntas irregularidades relacionadas con el subregistro de estadísticas sobre tala ilegal y volúmenes de madera en el mercado del país.
La medida disciplinaria cobija a Alberto Escolar, director de la Corporación Regional Autónoma del Atlántico (CRA), así como a los directores de las corporaciones autónomas regionales de Santander (CAS), Juan Gabriel Álvarez; Antioquia (Corantioquia), Alejandro González Valencia; Tolima (Cortolima), Jorge Enrique Cardozo; Sucre (Carsucre), Johnny Alberto Avendaño; Cauca (CRC), Yesid González Duque (CRC); Quindío (CQR), Jhon James Fernández; Valle del Cauca (CVC), Rubén Darío Materón; de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS), José Fernando Tirado y Cundinamarca (CAR), Néstor Guillermo Franco.
La medida también es extensiva para los directores de Risaralda (Carder), Jairo Jaramillo Rivera y Martha Mónica Restrepo; Magdalena (CAM), Carlos Alberto Cuéllar Medina; de los Ríos Negro y Nare (CORNARE), Carlos Mario Zuluága Gómez; Boyacá (Corpoboyacá), José Ricardo López; Caldas (Corpocaldas), Juan David Arango; Nariño (Corponariño), Fernando Burbano Valdez; de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico, César Humberto Meléndez; la Corporación para el Desarrollo Sostenible de la Mojana y el San Jorge (Corpomojana), Liliana Milena Quirós, y al director del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Eugenio Enrique Prieto.
La indagación también fue abierta en contra del director de la Anla, Rodrigo Suárez Castaño y a la directora del Dagma, Claudia María Buitrago.
El Ministerio Público busca establecer la existencia de supuestas faltas disciplinarias relacionadas con el registro de información de salvo conductos únicos nacionales en línea y en la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales entre 2018 y 2019.
Según el ente de control, al parecer los registros habrían sido duplicados o cargados más de una vez, con el fin de ser utilizados para legalizar madera talada ilegalmente a nivel nacional.
'El ente de control decretó la práctica de diferentes pruebas con el fin de verificar la ocurrencia de la conducta y establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Los funcionarios podrán ser escuchados en versión libre, si así lo solicitan', explicó la Procuraduría.
