La constructora Sacyr y el Instituto Nacional de Vías (Invías) acordaron instalar un Tribunal de Arbitramento para dirimir sobre la posible existencia de costos adicionales en las obras del nuevo Puente Pumarejo, el cual fue puesto en funcionamiento el pasado 20 de diciembre luego de una inversión de $800.000 millones.
El epicentro del conflicto, el costo total de la obra, radica en que –para 2015–, cuando el contrato del nuevo Puente Pumarejo le fue asignado a Sacyr, la constructora española rediseñó los planos de la estructura, lo que incrementó el valor total de $615.000 millones a $800.000 millones.
Esta instancia, que hace parte del alcance de los contratos para que sea un tercero el que dirima las diferencias, quedaría abierta a finales de este mes, momento en el que entre ambas partes se decidirá si los costos de la obra superaron, o no, lo pactado. De ser así, esta jurisdicción puede dirimir en un máximo de dos años, a diferencia de los 10 que podría tardarse la justicia ordinaria. Cabe resaltar que, durante este tiempo, la actividad del puente Pumarejo no se verá afectada.
Aunque no se conoce el monto de la reclamación, una fuente le dijo a EL HERALDO que dentro del contrato las partes establecieron el uso de esta herramienta para dirimir cualquier conflicto contractual.
El primero en advertir sobre la intención de la empresa española Sacyr, encargada de la construcción de la obra, fue el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras tras la inauguración del puente el pasado 20 de diciembre. En ese momento, dijo que la constructora reclamaba 'mayor valor' al Instituto Nacional de Vías (Invías).
'Todo no puede ser tan bueno. La firma española @SomosSacyr está reclamando mayor valor de obra #puentepumarejo. Inexplicable que el @InviasOficial vaya aceptar un Tribunal de Arbitramento', sostuvo, en su momento, el excandidato presidencial a través de su cuenta de Twitter.
Vargas Lleras, uno de los invitados a la ceremonia de inauguración del Puente, también recordó que el Estado 'simultáneamente desistió del Tribunal en donde el Estado estaba reclamando más de 1 billón de pesos por daños y perjuicios en el caso del Túnel de la Línea'.
El puente
Seis carriles, una longitud del tramo atirantado de 800 metros y una distancia total de 2.173 metros convierten a esta estructura en la más larga de Colombia y la más ancha (38.10 metros de tablero o vía) en Latinoamérica. Una obra que por contrato se entregaría en mayo de 2018, pero que sufrió una prórroga hasta diciembre de ese año –que tampoco fue cumplida– y que, finalmente, fue inaugurado 12 meses después, en 2019. Ante ese panorama, el Gobierno anunció en noviembre de 2018 recursos por $122.000 millones para su terminación.
Durante la construcción del puente, que se desarrolló durante cuatro años, se generaron cerca de 2.000 empleos directos e indirectos.
Durante los 48 meses del proyecto fueron descargados alrededor de 175.000 metros cúbicos de concreto, cifra que equivale a llenar 52 piscinas olímpicas.
Además, durante la construcción, debajo del viejo puente fue instalada una planta exclusiva para suministrar el 100% de concretos y cementos especializados para la estructura.
