Margarita Cabello Blanco, ministra de Justicia y del Derecho, informó que ya fue recibido el lote para que se construya una megacárcel en el municipio de Candelaria, en el sur del Atlántico.
El anuncio fue realizado por Cabello Blanco en medio de una exposición sobre el plan de choque que fue puesto en marcha para superar el problema de hacinamiento carcelario en el país.
La funcionaria aseguró que el establecimiento carcelario tendrá una capacidad de 5.000 cupos, respondiendo así a las necesidades de la región en materia de soluciones al hacinamiento carcelario.
La ministra de Justicia también informó que en la capital del Atlántico –así como en Cartagena, Santa Marta e Itagüí– se contrataron estructuras modulares que serán construidas en 10 meses.
Asimismo, indicó que se adjudicó la construcción de la cárcel de San Ángel (Magdalena), que generará 1.500 cupos. Igualmente, dijo que se contrataron los diseños para la cárcel de Riohacha, que representarán otros 1.500 cupos.
La titular de la cartera de Justicia también dijo que no se puede negar la problemática de hacinamiento que se vive en el país, la cual se ha convertido en una de las principales preocupaciones del Gobierno Nacional.
'En total ayudaremos con unos 20.000 nuevos cupos, pero ese no es el único problema. Existen otros relacionados con Política Criminal que originan el hacinamiento. Aquí no se trata de discutir responsabilidades, sino de trabajar para solucionar un problema que aqueja a la sociedad', señaló.
Al tiempo, Cabello recordó que cuando una persona es capturada se lleva a una Unidad de Reacción Inmediata (URI), y que de ahí se remite a un centro penitenciario para sindicados o procesados, no para condenados.
'El artículo 17 del Código Penitenciario asigna a los entes territoriales la función de encargarse de los sindicados o procesados, y dos sentencias de la Corte Constitucional confirmaron que era una responsabilidad de dichos entes, manifestando que los presupuestos municipales y distritales deben incluir partidas para tal fin', anotó.
Por último, indicó que el Gobierno entiende que las alcaldías tienen en sus presupuestos muchas responsabilidades sociales, y que ha visto cómo, con el paso del tiempo, 'han dejado de lado la misión de construir y mantener centros penitenciarios para sindicados o procesados'.
