Tras una extensa parálisis de cinco años en sus obras por un conflicto de invasión de espacio público, los propietarios de la Clínica Cordialidad hacen un desesperado llamado a la administración distrital para que dé viabilidad a la continuación de los trabajos de construcción del centro asistencial que contaría con 152 camas de cuidados intensivos.
Hace aproximadamente 10 años comenzó el proceso para viabilizar la construcción en el terreno de 3.300 metros cuadrados ubicado en la calle 56 con carrera 11 esquina, de Barranquilla, según relató en diálogo con EL HERALDO el médico oftalmólogo y empresario Humberto Scorza Cure, propietario de la Organización Escorce González y Compañía, titular de la clínica que pretende concluir su edificación.
Scorza manifestó que el problema de invasión de espacio público se ha presentado desde hace muchos años; sin embargo, no contó con que esta situación le afectaría de manera directa a la construcción y así se arriesgó a tramitar los permisos correspondientes ante la Alcaldía, curaduría, planeación y demás entes necesarios para ejecutar la obra.
'Yo inicié la construcción de la clínica porque las personas están afuera en el espacio público, yo pude construir adentro, pero lo que me estorba para seguir con la construcción es lo que se llama el primer eje de columna, ellos están como quien dice en el antejardín de una casa pegado a la pared de la sala', explicó.
Para seguir con dicha construcción se tenía que cavar y hacer cimientos para levantar las columnas, pero con la invasión no se podía realizar y por ello el médico abrió un expediente ante la administración distrital, 'ya que al encontrarse estas personas en espacio público deja de ser un conflicto privado para convertirse en uno distrital'.
Para poder reubicar a las personas que se encontraban invadiendo debía estar completo el expediente y de ahí saldría una resolución por parte del jefe de espacio público. Reunir la información le llevó aproximadamente dos años, relató el médico.
'Después de dos años ya estaba listo todo para sacar la resolución y se perdió el expediente y me dijeron que había que empezar de cero todo el expediente de tres años. Pasaron otros dos años recopilando todo y cuando estaba listo apareció el primero, entonces había que unir los dos y eso duró un año más'.
Después de cinco años salió la resolución en el año 2014 con la que la Alcaldía tenía el deber de reubicar a las personas de la invasión, pero debido a que estas se encontraban legalizadas ante el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, por confianza legítima había que indemnizarlos. Explicó Scorza que el ente encargado y los invasores sostuvieron una reunión para el tema de la reubicación, pero no aceptaron ninguna propuesta.
'Ellos dijeron que no se iban a ir a una casa cualquiera, que ellos estaban sobre la Cordialidad con un negocio comercial y no una vivienda cualquiera, entonces que le tenían que dar una ubicación igual'.
Surtiendo un proceso legal, el médico logró que un juez determinara que se debía cumplir la resolución, pero la alcaldía apelo ante el Tribunal Administrativo del Atlántico-que es la última instancia- y este falló en contra de la organización Escorce González. Posteriormente, la organización entabló un incidente de desacato ante el Consejo de Estado en Bogotá, que consideró hubo una violación al debido proceso.
En 2018 ordenó al Tribunal Administrativo del Atlántico pedirle a la Alcaldía ejecutar la recuperación del Espacio Público.
Ante el estancamiento en la ejecución de la orden judicial, Scorza pide al distrito agilizar este proceso para poder terminar la clínica y ponerla al servicio de la ciudad, ya que asegura será la más grande ubicada en el sur.
'La clínica estuviera funcionando hace tres años, en este momento que la ciudad está padeciendo con el tema de las camas esta sería la clínica con más capacidad de UCI, 152 camas en total, sería la mejor clínica del sur. Es un proyecto muy importante para Barranquilla', culminó. Secretaría responde.
EL HERALDO se comunicó con la Secretaría de Control Urbano y Espacio Público, que expresó que el proceso surtió las etapas para respetar el debido proceso de todos los intervinientes y actualmente se encuentra en etapa de materialización y se requerirá apoyo policivo para cumplir con lo establecido en la resolución que ordenó la restitución del espacio público.
'Estamos reactivando los expedientes y materializaciones pendientes de años anteriores para proceder, nos pondremos de acuerdo con Policía para hacer efectivas las medidas', dijo Lizeth Bermejo, secretaria de Control Urbano y Espacio Público
