La población del corregimiento de Arroyo de Piedra, en Luruaco, es una de las afectadas en el sur del Atlántico por la baja presión del agua que llega hasta sus hogares.
De acuerdo con Eder Cantillo, un habitante de este corregimiento, el suministro del líquido 'es deficiente' desde el acueducto, y otras veces 'se logra recoger muy poco'.
La situación sería el resultado de 'conexiones fraudulentas' que estarían impidiendo el caudal necesario para suplir las necesidades de Arroyo de Piedra y otros centros poblados de esta zona del departamento.
Por esta razón, este jueves en un operativo conjunto entre la empresa de servicios Aguas del Sur (Aqsur), la Gobernación del Atlántico, la Policía Ambiental y el Acueducto Regional del Sur (Aresur) se sancionó a los propietarios de fincas y canteras 'por robo de agua potable'.
Sobre los hechos, el gerente de Aqsur, Luis Manjarrés, explicó que la jornada se concentró en cinco áreas de conducción de agua: la primera, ubicada entre el municipio de Luruaco y el corregimiento Arroyo de Piedra, zonas en donde hay un reiterado uso indebido del agua que afecta a los habitantes del corregimiento.
'De los 30 litros por segundo que se envían por la línea de conducción a Arroyo de Arroyo, solo llegan alrededor de cuatro o cinco litros por segundo que representa una pérdida que supera el 90%', detalló el gerente de Aqsur.
La segunda línea de conducción es entre Luruaco y el corregimiento de Santa Cruz, en esta parte se estiman 21 conexiones ilegales. La tercera es entre el municipio de Campo de la Cruz y el corregimiento de Bohórquez, en donde hay al menos 24. La cuarta es entre Carreto y Candelaria; la quinta es conducción de agua cruda entre la bocatoma de Manatí y la planta de tratamiento de agua potable, allí se tienen identificadas 10.
La secretaria de Agua Potable y Saneamiento Básico del Atlántico, Lady Johanna Ospina, lideró el recorrido entre el municipio de Campo de la Cruz y el corregimiento de Bohórquez y manifestó que es vital la legalización de estas conexiones ante Aqsur y que su uso debe ser adecuado y no causar interrupciones o variaciones en el suministro.
'Desde la Gobernación se están haciendo inversiones significativas en agua y saneamiento básico. Los dueños de las fincas y las canteras no pueden tener conexiones fraudulentas de agua potable para uso agrícola porque están afectando a las residencias', explicó Ospina.
La funcionaria aseguró que seguirán contrarrestando las conexiones ilegales que están alrededor de los acueductos, ya que se está desviando una gran parte del agua potable que es para el consumo de las poblaciones.
'Esta agua no es para los animales, ni para los cultivos, ni para hacer riego. Estaremos en jornadas permanentes, todos debemos ser guardianes del agua para que los sistemas de acueducto funcionen adecuadamente', agregó la secretaria.
Entretanto, el director de Operaciones de Aqsur, Edwin Ortiz, insistió en la necesidad de que los finqueros y dueños de las canteras entiendan que este tipo de acciones no solo perjudican la economía de la empresa, sino que afecta la salud de la población.
'Llegamos a la cantera Sarmiento Lucellys, en donde tienen una conexión fraudulenta al servicio de pimpineros quienes comercializan a $1.000 cada pimpina. Esto no tiene sentido porque la gente termina pagando más que si cancelaran su factura', dijo el directivo.
El delito en el que incurren los ciudadanos al conectarse de manera ilegal a las redes de agua potable está tipificado en el Código de Policía como defraudación de fluidos, que puede ocasionar de 16 a 72 meses de prisión y multas entre 133 a 150 salarios mínimos legales vigentes.
