La batalla jurídica que se libra en los tribunales tiene frenados los dos procesos de meritocracia para escoger el personero y el contralor en propiedad. Ambos cargos están siendo ocupados por funcionarios de las dos entidades en calidad de encargados, lo que parece continuará ocurriendo por un largo período, hasta que los jueces no tomen una decisión frente a las acciones jurídicas interpuestas.
En el caso de la Personería, el concurso está estancado desde diciembre de 2019, a la espera de que el Juzgado Trece Administrativo resuelva la demanda de nulidad del proceso que fue presentada por uno de los aspirantes.
Para destrabar el concurso, el presidente del Concejo de Barranquilla, Juan Camilo Fuentes, presentó un escrito al Juzgado en el que acepta los cargos; es decir, reconoce que el proceso estuvo mal estructurado por parte de la mesa directiva que actuaba en ese momento (2019), porque se 'inventaron' unos requisitos que no estaban en la Ley.
En el escrito, según Fuentes, pidió una sentencia anticipada para resolver rápidamente el caso y poder desempantanar la convocatoria pública.
'No podemos echar para adelante ni para atrás en el proceso, porque media una decisión judicial', explicó Fuentes.
Ante esa situación y teniendo en cuenta que el periodo del personero venció el pasado 28 de febrero, fue necesario designar un encargo para no dejar acéfalo el Ministerio Público y así dar garantías a la ciudadanía.
En el caso del contralor, el concurso de méritos está estancado por una acción de tutela que lo suspende de forma provisional.
El recurso jurídico presentado por Geofred Pérez Field reclama que no se pudo postular porque no se enteró de la convocatoria pública, puesto que 'no fue de conocimiento público'. El reclamante argumenta que se viola el derecho de transparencia y moralidad pública.
Según el presidente del Concejo, contra este proceso hay en trámite otras 30 tutelas de terceras personas, que no son aspirantes al cargo.
El cronograma del concurso está pendiente de la aplicación de la prueba de conocimiento, porque ya se agotó la etapa de reclamaciones de la lista de admitidos que está integrada por 25 aspirantes.
Fuentes aseguró que la Universidad de la Costa fue la única institución de educación superior que atendió la invitación del Concejo para realizar la convocatoria pública, la cual –según el cabildante– fue publicada y divulgada 'ampliamente' a través de la radio y la prensa escrita.
¿Hay interés Político?
Para el presidente del Concejo, la batalla jurídica obedece a una clara intención de impedir que la actual mesa directiva sea la que escoja a las cabezas de estos entes de control.
Esos intereses, según Fuentes, serían de carácter político, pues la nueva mayoría del Concejo 'no quiere' que este año se resuelva el tema, sino que se dirima el próximo año, cuando asuma la nueva mesa directiva en cabeza de Samir Radi.
Juan Carlos Ospino, concejal del Partido de La U y miembro de la nueva mayoría, está en desacuerdo con Fuentes y defiende la posición de este grupo de cabildantes señalando que lo que cuestionan es la forma como se ha desarrollado la convocatoria pública.
Según Ospino, a la nueva mayoría le ha generado 'alerta' algunas actuaciones dentro del proceso de méritos para la escogencia del contralor distrital.
El concejal sostiene que tanto el concurso de méritos como el debate político debe estar 'revestido de moralidad y transparencia', pero que en este caso el proceso se ha visto empañado por cuestionamientos serios por la forma como se han llevado a cabo algunos exámenes.
En ese sentido, algunos concejales consideran que la Universidad de la Costa debió abstenerse de realizar el proceso en razón de que uno de los miembros de la actual mesa directiva es familiar de los directivos de esa alma mater.
