Las infracciones contra el Derecho Internacional Humanitario (DIH) durante el 2020 en el Caribe no tuvieron un respiro. Al menos, durante el primer semestre se presentaron 17 transgresiones de este tipo siendo el asesinato de defensores de derechos humanos la más frecuente, seguido por desplazamiento forzado y el asesinato de excombatientes.
Así lo resalta el más reciente informe del Observatorio de Dinámicas del Conflicto Armado en el Caribe colombiano a través del Centro de Pensamiento UNCaribe, que recopiló durante gran parte del año que acaba de terminar.
Durante el primer semestre del 2020, incluso durante la cuarentena para contrarrestar los efectos de la Covid-19, las afectaciones derivadas de la confrontacion armada 'estuvieron concentradas en los municipios de estas subregiones. El 80% de las acciones armadas (24 de 30) y 82% de las infracciones al DIH (14 de 17) tuvieron lugar en estos territorios.
Sin embargo, fue mucho mayor en una sola subregión: sur de Córdoba (10 de las 17), lo que sugiere que 'en escenarios de competencia armada las afectaciones para la población civil tienden a ser mucho mayores que en conflictos de baja intensidad, conflictos entre el Estado y la insurgencia (sur del Cesar) o escenarios de paz mafiosa (sur de Bolívar).
'En este primer semestre los asesinatos de defensores de derechos humanos en el Caribe se concentraron en el sur de Bolívar (2 casos), Cesar (2 miembros de juntas de acción comunal), sur de Córdoba (5) y en el Magdalena (1 en la Sierra Nevada de Santa Marta). En este sentido, la violencia homicida en contra de defensores de derechos humanos se escenificó en territorios con presencia de actores armados ilegales (ELN, AGC, ACSN y Los Caparros) y rentas ilícitas, especialmente siembra, procesamiento o exportación de clorhidrato de cocaína', detalla el informe.
Todos los asesinatos ocurrieron en zonas rurales 'con ausencia' o 'débil presencia de institucionalidad estatal' y en solo un caso la autoría fue asumida públicamente por un actor armado ilegal (las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada en el Magdalena).
El perfil de las víctimas también evidencia un patrón de victimización que se concentra en miembros de juntas de acción comunal, reclamantes de tierras, y campesinos firmantes de acuerdos de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos.
'El homicidio no es la única forma de violencia que se ejerce en contra de los defensores de derechos humanos; sin embargo, por su impacto social se hace visible y varias instituciones estatales hacen registro de los hechos, por lo cual es verificable, a diferencia de otros tipos de violencia que han venido en aumento (como la amenaza, que es utilizada por todos los actores armados, ya que en términos operativos no implica riesgos, es difícil de verificar)', recalca la investigación.
