Las dudas por no saber a fondo cómo será la implementación del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes en Colombia ha sembrado el temor entre la población venezolana radicada en el Atlántico, pues la mayoría señala que el registro 'es una excusa' que podría dar paso a una eventual deportación de los migrantes por encontrarse de forma irregular en el territorio.
Pero lo que muchos venezolanos no saben es que este será un mecanismo complementario al régimen de protección internacional de refugiados, que permite llenar los vacíos existentes en base a la realidad migratoria y la capacidad de respuesta que tiene el país en materia institucional, social y económica en un lapso de 10 años para adquirir una visa de residentes.
Ante esa incertidumbre que poseen los migrantes, el director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, señaló que el fin del Estatuto no va en contra de esa población, sino todo lo contrario, pues busca es la protección de la población migrante que se encuentra actualmente en condiciones de irregularidad.
'Lo que se quiere es que el migrante pueda tener acceso a la oferta institucional pública y privada y su incorporación como miembro activo de la sociedad en condiciones de igualdad', dijo el funcionario en sus diferentes intervenciones tras el anuncio.
Lo que sí dejó claro es que 'el PEP va a dejar de existir y aquellos que cuentan con este documento van a tener que hacer su transición gradual hacia el Estatuto Temporal de Protección'.
Tras ese proceso los ciudadanos venezolanos van a tener una identificación digital. 'Estamos trabajando para que también sea un plástico con todos sus datos, fotos y mecanismos de seguridad', aseguró Espinosa.
Luego de los 90 días posteriores a la publicación del Decreto se implementará en dos fases. La primera es el Registro único de Migrantes Venezolanos, que hace parte del Proyecto de Identificación y Registro de Ciudadanos venezolanos (RIC) y la segunda es la expedición del Permiso Temporal de Protección.
Migración señala que trabajará de la mano con organizaciones como la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) para garantizar que la información llegue a toda la población migrante y reiteró que la medida no va a ser usada con fines sancionatorios en contra de la población venezolana que está en condición irregular en el país.
'Esperamos que a mediados de abril ya podamos estar haciendo los primeros registros; este será un proceso netamente digital', afirmó el director de Migración luego de calificar la medida como 'necesaria', ya que la llegada masiva de venezolanos a Colombia –en condición de irregularidad– implica la reducción en salarios, entre otras cosas.
La irregularidad implica disminución en aportes de los migrantes a la economía como remesas, contribuciones tributarias, parafiscales, entre otros.
'El no saber quién se encuentra dentro del territorio nacional, no solo representa un riesgo en materia de seguridad, sino que además impide generar políticas públicas orientadas a la integración y asimilación de los migrantes', dijo el funcionario.
Obligaciones
Aquellos migrantes venezolanos que incluyeron su información en el Registro y a pesar de poder solicitar el Permiso no lo hicieron, también serán sujetos de actuaciones administrativas sancionatorias.
Previo a la terminación de la vigencia del ETPV, el migrante venezolano que desee permanecer en Colombia deberá tramitar y obtener una visa, y el que a la fecha de finalización de la vigencia del ETPV no hiciera tránsito al régimen ordinario de regularización migratoria, incurrirá en permanencia irregular y será objeto de las medidas administrativas sancionatorias correspondientes.
Según Migración Colombia, en el país se encontraban más de un millón 729 mil migrantes venezolanos a corte del 31 de diciembre, de los cuales más de 966 mil se encuentra en condición irregular, lo que sería un 56%.
Actualmente, en el departamento del Atlántico hay 160.000 ciudadanos venezolanos, de los cuales la mayoría se encuentran en el área metropolitana de Barranquilla.
