Luego de más de tres años de haberse abierto el proceso de investigación por el contrato de asistencia técnica entre Inassa y Triple A, la firma filial de Canal de Isabel II manifestó su preocupación por el detrimento que enfrenta hoy la empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de Barranquilla y 14 municipios del Atlántico.
Las acciones de Inassa en Triple A (82%) fueron embargadas con fines de extinción de dominio por la Fiscalía como parte de una investigación por corrupción.
Según Inassa, los estados financieros de Triple A, que se han aprobado en los dos (2) últimos años, no estarían reflejando la situación real de la compañía que tendría problemas de liquidez para atender los compromisos de inversión que le permitirán mantener los estándares de calidad en la prestación del servicio.
En el comunicado agregó que la Sociedad Activos Especiales, entidad que hoy administra a Triple A, 'aprobó la distribución de reservas voluntarias por más de 38.000 millones de pesos (unos 10,5 millones de dólares)', lo que, según Inassa, descapitaliza la empresa, 'cuando estos fondos se han debido dedicar a mejorar el deficiente servicio y a realizar nuevas inversiones'.
A través de un comunicado de prensa, Inassa aseguró que esa situación financiera está afectando la prestación del servicio a los usuarios, lo que se ve reflejado en el aumento del número de quejas presentadas contra la compañía.
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Según las cifras de Inassa, las quejas y reclamaciones recibidas ha pasado de 46.837 en 2019 a 60.220 en 2020, es decir que aumentaron en un 28,5%. A esto se suma que la continuidad del servicio se ha deteriorado un 0,2%, indicador que reflejaría un 'deterioro de la calidad del servicio' debido a la 'falta de renovación y mantenimiento' de la infraestructura.
En el comunicado Inassa cuestionó el poco avance que ha tenido el proceso legal, abierto en su contra en Colombia, e instó a las autoridades para que aceleren el trámite ya que su prolongación va en contravía de los intereses de los barranquilleros.
En ese sentido, señaló que no se puede desconocer que hasta la fecha 'ninguna entidad colombiana' ha dictado condena en contra de Inassa, pues la investigación continúa abierta, 'sin que la empresa haya podido ejercer su derecho de audiencia y defensa como corresponde'.
'Las alertas llegan en momentos en que se han visto declaraciones de diversos funcionarios públicos que atentan contra la legalidad del controvertido proceso de extinción de dominio que fuera iniciado hace años atrás en contra de Inassa y cuyo trámite no ha finalizado', añade el comunicado.
