El Área Metropolitana de Barranquilla inició un litigio contra las plataformas tecnológicas que ofertan servicios de transporte público con vehículos no habilitados con el propósito de combatir la informalidad en el transporte público.
A través de un comunicado de prensa, el AMB informó que había interpuesto una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra las plataformas que estarían regulando tarifas del servicio público e incurriendo en actuaciones que son solo competencia del Área Metropolitana, facultada por la ley como autoridad de transporte metropolitano.
El AMB asegura que estas plataformas estarían violando las normas de prestación del servicio individual tipo taxi.
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De acuerdo con la denuncia radicada por el AMB, la oferta de servicios de transporte a través de estas plataformas digitales viola presuntamente normas del Código Penal y del Código de Procedimiento Penal: 'El particular que sin autorización legal ejerza funciones públicas, incurrirá en prisión de dieciséis (16) a treinta y seis (36) meses.' (Artículo 425. Usurpación de funciones).
'Están desconociendo las competencias y funciones del Área Metropolitana de Barranquilla como autoridad de transporte, al establecer y ofrecer tarifas por la prestación de un servicio que goza del carácter de público y está sometido a la regulación, control y vigilancia estatal como ya está plenamente establecido', señala la denuncia en uno de sus apartes.
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En el marco de este proceso, el director del AMB, Libardo García Guerrero, solicitó a la Fiscalía que se tenga en cuenta a los gerentes de las empresas de transporte público individual del Área Metropolitana de Barranquilla, quienes pueden ratificar el crecimiento de este fenómeno que impacta negativamente en la demanda del servicio, con afectaciones económicas para el sector.
El funcionario señaló que adicionalmente trabajan con la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial para combatir la informalidad y ofrecer a los ciudadanos un servicio 'seguro y confiable'.
