Luego de que la Superintendencia Nacional de Salud anunciara la intervención forzosa administrativa de la EPS Coomeva, los usuarios han expresado su preocupación debido al riesgo que supone esta orden para la prestación del servicio a sus 1.3 millones de afiliados.
La decisión de la Supersalud está sustentada en la falta de una adecuada gestión financiera de los recursos de la salud en los departamentos donde opera, lo que se agudiza debido a las constantes quejas por parte de pacientes.
Coomeva se encontraba desde hace 4 meses bajo toma de posesión por parte de la Supersalud, y con corte a julio de 2021 registraba indicadores financieros con pérdidas acumuladas por $81 mil millones, un déficit de patrimonio de $743 mil millones, un índice de solvencia de -$486 mil millones y un nivel de endeudamiento de 1,56 veces el valor de sus activos.
Entre agosto de 2020 y agosto de 2021, la EPS registró una pérdida del 17 % de su población afiliada, es decir 268.484 usuarios, una de las disminuciones más fuertes entre las empresas del sector del aseguramiento en salud para ese periodo.
Se estima que durante los primeros siete meses del presente año se han registrado cerca de 40 mil casos de usuarios que han tenido inconvenientes con la EPS en cuanto a la prestación de servicios.
Uno de esos casos corresponde al de la familia Hasbún, que ha batallado durante cuatro años para que su hijo reciba atención médica y así detectar la patología que afecta su calidad de vida.
