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Se conocen nuevos detalles de la batalla jurídica que se ha disputado desde octubre del año anterior por el control de la Curaduría Urbana N°1 de Barranquilla, luego del concurso de méritos que se realizó para la designación de un nuevo curador en propiedad.

EL HERALDO tuvo acceso a una serie de documentos relacionados con el proceso que fue adelantado por la Superintendencia de Notariado y Registro y el Departamento Administrativo de la Función Pública, el cual fue ganado por Guillermo Ávila Barragán.

El primero corresponde a noviembre del año anterior, cuando Armando Guijarro presentó una reclamación contra el resultado de la prueba de conocimiento, en la cual obtuvo un puntaje de 2853.

Sin embargo, la Universidad Nacional confirmó el puntaje, que no le permitió acceder a los siguientes filtros: 'Contra la decisión que resuelve la reclamación no procede recurso alguno'.

Ante dicha negativa, Guijarro presentó una tutela en diciembre de 2020 ante el Juzgado Doce Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla. Este tribunal negó la medida provisional de suspensión de dicho concurso y, posteriormente, rechazó la solicitud por improcedente.

Interviene veeduría

En abril del presente año, en escena apareció Walter Ortegón Bolívar, quien se desempeña como presidente de la Fundación Veedurías del Atlántico.

En una comunicación dirigida a Función Pública expuso una serie de supuestas irregularidades en el proceso de verificación de requisitos de Guillermo Ávila.

Empero, la entidad indicó que la certificación aportada por dicho candidato cumplía con los requisitos exigidos.

A su turno, el abogado Osvaldo Marrugo Ortega –en calidad de representante de Armando Guijarro– presentó una solicitud a la Supernotariado para la revisión de la hoja de vida de Ávila, aduciendo que no cumplía con el requisito mínimo de experiencia requerido, 'siendo este un motivo de exclusión del concurso'.

Cabe destacar que ambas peticiones fueron hechas por el certificado expedido por la empresa Urb Plan Proyectos y Estudios Ltda., donde se desempeñó como gerente general por más de 6 años.

Ante la solicitud del abogado Marrugo, Función Pública respondió que la certificación sí cumple con los requisitos de la norma.

Es importante señalar que mientras avanzaba la resolución de estas querellas, las entrevistas para curador urbano fueron suspendidas en dos oportunidades en la ciudad, con el fin de garantizar la transparencia.

A finales de junio se publicaron los resultados de la entrevista, a la cual se presentaron solo dos de los 3 aspirantes. De esa manera se conformó la lista de elegibles, de acuerdo con el puntaje acumulado en el proceso.