Este lunes, la Universidad del Atlántico volverá a contar con un rector en propiedad tras cerca de dos años de interinidad y una intensa lucha para democratizar el proceso de escogencia.
Durante los últimos 24 meses, el principal centro de educación superior público del departamento se ha visto inmerso en una 'profunda crisis' debido a la 'resquebrajada institucionalidad', que se ha traducido en pérdida de confianza en los organismos de dirección y gobierno, así como reiterativas jornadas de protesta y suspensión de actividades académicas.
En dicho periodo, la Universidad del Atlántico ha tenido tres rectores en condición de encargo. El primero fue Jorge Luis Restrepo, quien asumió la rectoría luego de la renuncia de Carlos Prasca en noviembre de 2019.
Restrepo estuvo al frente de la alma mater hasta julio de 2020, cuando se anunció el encargo de José Henao Gil. Sin embargo, su nombramiento fue revocado en mayo de este año debido a cuestionamientos por su presunta relación con ciertas irregularidades jurídicas y administrativas que se habrían presentado en la alma mater.
En ese momento, el Consejo Superior entregó a Jairo Contreras Capella la responsabilidad de liderar las riendas de este centro de educación superior.
nuevo Estatuto. Un punto clave para que el proceso de escogencia de nuevo rector se materializara fue la modificación del Estatuto General de la alma mater.
Para la gobernadora Elsa Noguera, dicho proceso correspondió a una 'necesidad' histórica de los estudiantes, trabajadores y profesores de la Universidad del Atlántico.
'Decidimos que la elección del nuevo rector debería democratizarse, a través de consultas donde fueran los mismos profesores y estudiantes quienes postularan las hojas de vida que serían evaluadas por el Consejo Superior', expuso la mandataria departamental.
La modernización del Estatuto fue uno de los acuerdos logrados entre las directivas de Uniatlántico y la comunidad estudiantil para el levantamiento del paro, que inició en octubre de 2019 y se extendió hasta febrero de 2020.
En un principio se estableció que el proceso de modernización iba a desarrollarse en 45 días; sin embargo, varios hechos lo imposibilitaron.
Uno de ellos fue la falta de quórum en el Consejo Superior ante la no presencia de los representantes de docentes, estudiantes, egresados y gremios. Por esa razón, se adelantaron las correspondientes elecciones y se ocuparon dichos asientos.
Asimismo, la pandemia supuso un retraso en el proceso, que finalmente se materializó en julio de este año con la publicación de un nuevo acuerdo superior.
