Un nuevo elemento se suma a la cadena de hechos que han sido denunciados sobre los manejos dentro de la Oficina de Instrumentos Públicos de Barranquilla.
Ahora se conoció que la registradora (e) de la oficina, Trischa Toledo Kasimir –la reemplazante del suspendido registrador, Rafael Pérez Herazo–, desde 2019 está vinculada junto con 16 funcionarios más de la dependencia a una investigación interna debido a supuestos 'faltantes en pagos de derechos de registros'.
Desde diciembre de 2021, la Superintendencia de Notariado y Registro tomó la decisión de intervenir la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Barranquilla debido al 'creciente' número de quejas por las presuntas irregularidades en la prestación de servicios, entre estos presuntas fallas en el reparto diario de documentos sometidos a registro, atraso en la calificación de los actos, la indebida confrontación de las matrículas inmobiliarias, así como problemas en los procesos jurídicos. La intervención se extendió hasta el mes de enero de 2022 y eso, aparentemente, derivó en la suspensión de Pérez Herazo.
