La Procuraduría General de la Nación solicitó información a la SAE y a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios sobre el contrato de enajenación de acciones de Triple A, debido a la información sobre posibles irregularidades en este proceso.
A través del procurador delegado para la Conciliación Administrativa, Luis Ramiro Escandón Hernández, el Ministerio Público dijo que la información solicitada permitirá evaluar y evitar posibles faltas disciplinarias y penales que se pudieran derivar de este proceso.
Por lo anterior, en ejercicio de su función preventiva, en la Asamblea Extraordinaria de Accionistas realizada virtualmente en la mañana de este martes, la Procuraduría solicitó la suspensión de la reunión hasta tanto se entregue la información por parte de la SAE y la Superintendencia.
Sin embargo, la Asamblea de Accionistas de la empresa de servicios continuó por decisión de la mayoría de los miembros que votaron en contra de la petición del Ministerio Público, por considerar que estaban dadas las condiciones para la elección de la nueva junta directiva, que en esta ocasión fue propuesta por la SAE, según pudo conocer EL HERALDO.
El procurador delegado les dijo a los miembros de la asamblea que se hacía la solicitud de suspensión con el fin de que se pudiera definir la regularidad o no de la venta de las acciones y el cumplimiento o no del contrato, con la única finalidad de evitar acciones judiciales y eventuales procesos disciplinarios y penales futuros.
