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En entrevista con El Heraldo, la procuradora general de la Nación Margarita Cabello hizo una radiografía de lo que está ocurriendo con la criminalidad que azota a gran parte del país. Como barranquillera, la jefe del Ministerio Público expresó especial preocupación por la problemática derivada de la expansión de grupos del crimen organizado en la capital del Atlántico y municipios del área metropolitana.

Para la funcionaria, el hecho que Barranquilla sea una ciudad estratégica para el desarrollo del país, esto ha traído mayores desafíos en materia de seguridad.

'Barranquilla, históricamente, se ha consolidado como un sitio estratégico por ser el eje que conecta el norte y el sur de la región y como un polo para el desarrollo económico y social del país. Su transformación positiva en diferentes dimensiones ha traído de forma concomitante, complejidades y desafíos en materia de seguridad y orden público. Se ha convertido en un atractivo para que estructuras criminales desplieguen acciones y consoliden negocios asociados al narcotráfico y el lavado de activos. Y es ahí donde aparece ese actor dinamizador de la situación que tiene amenazadas la seguridad del área metropolitana: los grupos armados del crimen organizado', señaló en diálogo con esta casa editorial. 

En ese sentido reiteró que 'los fenómenos criminales han venido mutando y se han enquistado en las dinámicas sociales e institucionales del departamento, especialmente en Barranquilla y su área metropolitana, donde ya no hablamos de delitos menores. Con preocupación lo que se ha identificado, de acuerdo con las alertas de la Defensoría, es la complejidad y el crecimiento exponencial de aparatos y estructuras criminales del orden nacional y, posiblemente, transnacional que luchan por hacerse con el control territorial y de las rentas ilegales'.

Como se sabe, un tema de alta complejidad es la extorsión desde las cárceles, que aunque es algo que ocurre en todo el país, en Barranquilla se ha convertido en una pripridad para las autoridades. 

'Los centros penitenciarios, indudablemente, son un factor de incidencia en la criminalidad y allí hay que tomar medidas drásticas y de alto impacto', aseveró Cabello. 

En el caso de Barranquilla, la procuradora señaló la necesidad de priorizar a Barranquilla y área metropolitana para que haya una 'intervención integral y sostenida'.

Afirmó que se debe 'incorporar a las autoridades del nivel nacional a las estrategias de judicialización, coordinación, articulación y prevención del delito bajo un mecanismo de seguimiento que permita reportar avances, resultados, retos y desafíos, así como priorizar el área metropolitana de Barranquilla para adelantar una intervención integral y sostenida. Segundo, coordinar las instancias y espacios institucionales y sociales existentes para orientar esfuerzos y resultados hacia un objetivo concreto y medible en el tiempo'. 

Insistió en que esta problemática no se puede abordar sin hacer un trabajo articulado con las entidades. Al respecto, este lunes el Ministerio Público emitió un comunicado  en el que instó al Ministerio de Justicia y del Derecho, al Mintic, Inpec y Gaula, entre otras entidades, a activar mecanismos que permitan reducir el delito de la extorsión desde las cárceles. 

'Hemos conocido por información de los gobernadores, alcaldes y la ciudadanía que se han disparado estas llamadas extorsivas desde distintos centros penitenciarios', explicó Javier Sarmiento, procurador Delegado para la Defensa de los Derechos Humanos.

Asimismo, Sarmiento urgió a las autoridades hacer un diagnóstico en las 126 cárceles del país para conocer el estado actual de los elementos tecnológicos de control de ingreso y establecer las necesidades de fortalecimiento.