No muy contentos terminaron los representantes de la comunidad de Puerto Colombia y del gremio transportador al término de la mesa de trabajo que se sigue por el tema del peaje Papiros, ubicado en la Vía al Mar, en inmediaciones de ese municipio costero del Atlántico.
Señalaron que no hay un avance significativo de los diálogos que se han producido en los últimos cuatro meses y tampoco un estricto cumplimiento de los compromisos pactados anteriormente en otras reuniones por parte de Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y demás entidades del Gobierno nacional.
Dentro de las conversaciones que se dieron en la tarde de este martes en la sede de la Defensoría del Pueblo, entidad garante del proceso de diálogo, la comunidad solicitó a la ANI una prórroga indefinida a la resolución 20233040025255 del 18 de junio de 2023, que establece la suspensión del cobro a las 'categorías I y II, y se otorgan tarifas especiales para las categorías vehiculares IV, V, VI y VII'.
Lo anterior, debido a que el próximo 15 de octubre se vence el término de este decreto y de igual manera –en voz de los representantes de la población– ante los incumplimientos en la aplicación de las tarifas diferenciales en el sector transportador. Manifestaron que esta medida debería aplicarse hasta tanto la ANI presente soluciones viables y definitivas frente al peaje Papiros en temas de seguridad, instalación, tráfico y movilidad.
'Llevamos cuatro meses de diálogo y exigiéndole a la ANI que aplique la tarifa diferencial de este tiempo y no lo ha querido hacer, seguimos con la afectación económica pagando unos peajes costosos. Le hemos pedido que si van a prorrogar 60 días que no se le cobre a ninguna categoría por eso que se siguió cobrando sin aplicar la tarifa diferencial', anotó Eduardo Munárriz, líder del sector transportador en el Atlántico.
Ante esta petición, Andrés Echeverría Ramírez, gerente de proyectos y en representación de la ANI, señaló que esto no puedo aplicarse debido a que estas resoluciones constituyen un acto administrativo, que dado la magnitud del mismo, no puede ir sin fecha límite, es decir no puede ser ilimitada.
Además, sostuvo que ya hay unos acuerdos que fueron pactados en junio de 2023 con la expedición de la resolución que dicta la suspensión del cobro a categorías 1 y 2 por un período de cuatro meses, prorrogables a seis.
'El llamado es a que se cumpla con esa prórroga de los dos meses adicionales a los cuatro, de tal forma que en el marco de las fechas que se están estableciendo en campo buscar unas soluciones. No podemos irnos en contravía de lo establecido en el acto administrativo que tiene unas características particulares', anotó el funcionario.
