Por el incumplimiento y omisión de las condiciones de operación de las rutas, el Área Metropolitana de Barranquilla (AMB) dio inicio a inició una investigación administrativa en contra de cinco empresas de transporte que, hasta el 15 de febrero, todavía no habían implementado el Sibus.
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De acuerdo con la AMB, el proceso se lleva a cabo para verificar si las empresas Trasalianco, Transmecar, Transportes Lolaya, Cootransco y Cootrasol se encuentran cumpliendo con las condiciones establecidas por la autoridad de transporte para la operación de sus rutas.
'Se hizo una verificación a través del sistema Sibus del cumplimiento de las condiciones de operación de todas las empresas habilitadas para prestar el servicio y nos dimos cuenta que presuntamente algunas empresas no están cumpliendo con las condiciones de operación y que además su conducta omisiva no permite al AMB, como autoridad de transporte, verificar en tiempo real el cumplimiento de rutas', indicó la entidad.
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Agregó que 'las idea es que todas estas empresas manifiesten sus razones por no tener implementado el sistema de recaudo centralizado, gestión y control de flota y comunicaciones e información al usuario denominado Sibus'.
Asimismo, mencionó que se efectuarán posibles sanciones con base a los resultados del proceso y de acuerdo con las normas de transporte público vigente, 'garantizando en todo momento el debido proceso'.
Además, la autoridad de transporte resaltó que estará verificando otras sanciones en caso de vulneración de las normas: 'En cumplimiento de las funciones de vigilancia y control estaremos verificando los requisitos legales y reglamentarios que deben cumplir todas las empresas de Transporte Público Colectivo. En caso de evidenciar alguna presunta vulneración a estas normas se dará inicio a los procesos a que haya lugar'.
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Por otro lado, la entidad manifestó su 'compromiso' para continuar trabajando con estas cinco empresas en la construcción de una 'movilidad sostenible y de calidad para los usuarios en donde prime el interés general sobre el particular'.
En ese sentido, Gustavo Santos, subdirector de la AMB, expuso que las sanciones podrían ser hasta de 700 salarios mínimos.
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