Barranquilla fue el epicentro del Congreso Internacional de Derechos Humanos, Género y Enfoque Diferencial liderado por la Procuraduría General de la Nación para abordar las diferentes violencias que viven los grupos poblacionales minoritarios en Colombia, las barreras que hay dentro del sistema y el papel desde la institucionalidad para cerrar esas brechas y dar mayor garantía de igualdad y equidad.
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Dentro del discurso de apertura de la procuradora Margarita Cabello se dieron a conocer cifras alarmantes sobre el flagelo por trata de personas en el país. La alta funcionaria precisó que estos números registrados de casos denunciados son los más altos en los últimos 15 años.
'Hoy observamos con preocupación alarmante las grandes cifras de afectación por la trata de personas. En el año 2023, en casos denunciados –que no es lo mismo que la realidad– se presentaron 264 por trata, las más alta de los últimos 15 años según el Observatorio del Delito de Trata del Ministerio del Interior', dijo Cabello Blanco.
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En dichos casos –por primera vez – figuraron dos víctimas menores de 11 años. Los principales destinos a dónde son llevadas las víctimas, según el estudio, son México y Europa.
'Hay una violencia de carácter institucional generada por el propio Estado, sus servidores y servidoras, por no adoptar medidas de protección frente a las agresiones basadas en género y ese no actuar no va a servir más que para perpetrar la indiferencia e impunidad', manifestó.
Precisó que es imperativo hacer un nuevo requerimiento a la institucionalidad y al mismo tiempo a la sociedad civil, empresa privada, la academia y a la cooperación internacional.
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'Es necesario unir esfuerzos como actores claves en el fortalecimiento de capacidades en la prevención, atención y coordinación de la respuesta multidimensional de este flagelo', argumentó.
Sostuvo que esta acción conjunta debe llevar a desincentivar la demanda de explotación sexual y laboral, la mendicidad, entre otras, para lograr que las víctimas de trata de personas se auto reconozcan como víctimas, puedan denunciar y además confiar en la institucionalidad.
Por otra parte, señaló que no se puede tampoco dejar de lado otros tipos de violencias que deben ser abordadas de manera articulada e integral como el acoso laboral y sexual, la violencia política y la violencia digital.
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Indicó que la implementación del enfoque diferencial y de perspectiva de género presenta numerosos retos que incluyen la resistencia cultural e institucional; la falta de datos desagregados que están dificultando realizar diagnósticos precisos de la problemática; la necesidad de formación y sensibilización en el sector público y la sociedad civil.
Además, destacó un reto grande en la brecha digital de género que –según dijo– está perpetrando las desigualdades debido al diseño de los algoritmos de inteligencia artificial que 'sigue dominada por hombres'.
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La procuradora reiteró que todos deben ser parte de la solución y no del problema. Por ello, resaltó el papel de la Procuraduría en hacer cumplir las leyes y las garantías de los derechos constitucionales.
