Las acciones para combatir el robo de energía y el uso ilegal del servicio han continuado en el departamento del Atlántico.
En recientes inspecciones técnicas de la empresa Air-e se encontraron conexiones eléctricas irregulares en unidades residenciales y establecimientos comerciales en Barranquilla.
Lea aquí: Desempleo en Colombia aumentó: pasó de 11,4 % a 11,7 % en febrero
Uno de estos se registró en una propiedad horizontal sobre la carrera 4 con calle 63, del barrio San Luis, donde fueron encontradas 18 conexiones ilegales para evadir el consumo real de la energía eléctrica así: cinco (5) acometidas intervenidas, once (11) medidores manipulados o alterados y dos (2) líneas directas por fuera de la medida, lo cual representa un perjuicio económico por el orden de los 10 millones de pesos mensuales.
En otro punto de la ciudad, en la calle 42 con carrera 36 donde funciona el Hotel Palmar, en el sector del centro de Barranquilla, los técnicos detectaron un servicio directo sin medidor, que al mes significa 4 millones 800 mil pesos en pérdidas de acuerdo con cálculos de Air-e.
Le interesa: Air-e logra acuerdo para prestación del servicio en sectores de Barranquilla
Adicional, el personal de la empresa encontró un equipo de medida manipulado en el sector de Barrio Abajo en la carrera 52 con calle 48. En este predio se encuentra una tienda con venta de alimentos y artículos en general. La afectación representa un millón 500 mil pesos mensuales.
Ante los casos constantes de este delito tipificado como defraudación de fluidos, la compañía en conjunto con las autoridades continuará con sus acciones para contrarrestar el hurto de energía, y así sancionar a los clientes que insisten en obtener la energía de forma ilegal y antitécnica.
Aquí: Vacantes para trabajar en el sector de gastronomía, bebidas y alimentos
A la fecha la compañía ha presentado en la Fiscalía más de 500 procesos penales por defraudación de fluidos y concierto para delinquir, lo que evidencia la constancia de esta conducta y la necesidad de un cambio en la política criminal del Estado que permita estabilizar la prestación del servicio eléctrico y por ende garantizar su calidad y continuidad.
