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El alto volumen de la música, el no pago de las facturas de servicios públicos y el concepto de administración, el consumo de sustancias alucinógenas en zonas comunes y las reparaciones internas en los apartamentos son algunas de las situaciones que constantemente desencadenan problemas de convivencia en conjuntos y edificios ubicados en Barranquilla y los municipios del área metropolitana.

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En más de una oportunidad, las redes sociales se han “inundado” de fotos y videos de enfrentamientos entre vecinos a causa de diferencias. Esta problemática ha prendido las alertas entre las autoridades y gremios de la propiedad horizontal, teniendo en cuenta que tendría génesis en el desconocimiento de las normas que regulan. 

En lo corrido del presente año, en el departamento –de acuerdo con la Lonja de Propiedad Horizontal– se han recibido alrededor de 96 quejas por mala convivencia,  de las cuales cerca de 60 corresponden a denuncias penales. Esta cifra supera los promedios de semestres anteriores.

De acuerdo con los registros, los sectores con más problemas de este tipo en la capital del Atlántico son Caribe Verde, Alameda del Río y los municipios Soledad y Malambo.

Katy Orozco, gerente de una firma encargada de administrar varios conjuntos y edificios, contó que en días pasados se viralizó el caso de una habitante de un conjunto residencial de Caribe Verde que golpeó a la administradora delegada del lugar porque se le encontró una “desviación” de energía.

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“Los costos de energía llegaban muy altos a algunos apartamentos, por lo que los propietarios pidieron una revisión; esto puso en evidencia que otras viviendas se habían conectado a sus redes y por ende se incrementó el consumo”, dijo Orozco.

Relató que momentos previos al ataque, la administradora delegada se dirigió hasta el apartamento para pedir a los propietarios que se acercaran a su oficina para hablar acerca de lo sucedido: “La puerta la abrió una mujer, quien le respondió que ya le hacía saber la situación a su esposo debido a que era quien se encargaba de los servicios y luego de un momento a otro esta señora bajó y tomó desprevenida a la administradora”.

Orozco aseveró que se trata de residentes que han persistido en diferentes eventos que han dado lugar a alterar la convivencia.

“No pagan la cuota de administración, amenazan a los guardias de seguridad cuando se hace el plan candado que es el que evita que tengan acceso al parqueadero comunal. Me parece bastante complejo y las constructoras no nos brindan un respaldo ante estas situaciones”, enfatizó.

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Los actos de violencia no son los únicos protagonistas de discusiones entre vecinos. EL HERALDO conoció el caso de una pareja de adultos mayores que vivían en Soledad y debieron mudarse debido a que en un piso inferior había una fábrica de embutidos.

“No podían abrir las ventanas porque  el olor constante a salchicha y butifarra era muy fuerte y pues se trataba del bienestar de dos adultos que padecían enfermedades oncológicas por lo que el ambiente en el que debían convivir debía ser el más adecuado”, sostuvo un testigo del hecho.

Tras interponer quejas y derechos de petición y ver que no había solución alguna y su salud se estaba viendo comprometida, la pareja decidió mudarse hacia otro conjunto residencial donde las normas de convivencia si fueran respetadas.