Debido al incumplimiento de la orden de demolición del edificio Michel –ubicado en la carrera 61 con calle 66, en zona patrimonial del barrio Bellavista de Barranquilla– se solicitó la apertura de un incidente de desacato.
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El abogado Víctor Manuel Ríos aseguró que la solicitud fue hecha teniendo en cuenta que en los fallos de primera y segunda instancia se determinó que la edificación de cinco pisos deberá ser demolida tras haber incurrido en una falta grave en términos urbanísticos por la destrucción previa de una casa considerada patrimonio de la Nación.
“Las acciones de las autoridades se han quedado en simples requerimientos a particulares. No hay un apersonamiento eficaz o inmediato para materializar esta orden judicial”, sostuvo el jurista.
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Indicó que recientemente fue notificado de una disponibilidad presupuestal de $250 millones por parte del Distrito de Barranquilla para materializar dicha orden. Sin embargo, hasta el momento no se ha ejecutado y por ende inició un incidente de desacato.
“Debo destacar que la acción popular va encaminada solo y exclusivamente a la demolición y a la restitución”, manifestó.
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Ríos indicó que la defensa de la propietaria del edificio ha interpuesto “innumerables” acciones de tutela y derechos de petición para dilatar la demolición del inmueble. Eso ha incluido indebidas asesorías a los arrendatarios y una indebida información a los vecinos.
“Son asesorías sacadas de los cabellos, donde inclusive ya hay un abogado comprometido disciplinariamente en estos asuntos que ya fue denunciado ante el Consejo Superior de la Judicatura y obviamente aparecen denuncias penales en contra de este profesional del derecho y en contra de la persona o de las personas más bien que se han sustraído de cumplir esta orden judicial”, sostuvo Víctor Ríos.
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Expuso que, ante este panorama, se estudia la posibilidad de que el caso sea llevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el fin de solicitar una veeduría especial que permita la materialización de las órdenes judiciales.
