El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Gerson Chaverra, fue el encargado del cierre del XXXI Simposio Nacional de Jueces y Fiscales. Durante su intervención expuso la dificultad que tienen los jueces por la brecha digital y el desconocimiento del lenguaje en las comunidades indígenas porque no cuentan con intérpretes para lograr el acceso a la justicia.
Lea aquí: Los jueces son la garantía de orden constitucional: Marjorie Zúñiga
También se refirió al proyecto de la reforma a la justicia, el cual señaló está prácticamente consolidado y lo que busca es reducir los altos índices de impunidad en materia penal, así como reducir también la congestión de procesos que actualmente enfrenta la justicia penal.
Además, indicó que el proyecto busca disminuir los términos de resolución de las causas judiciales en materia penal: “De manera que lo que se está potencializando es eliminar todas las limitaciones que la ley ha venido introduciendo a los mecanismos de justicia premial”.
Lea también: Lupa de Superservicios a dificultades en suministro de agua en Villa Olímpica
Este proyecto trae la posibilidad de que en la mayoría de los casos se puedan acoger a sentencias disipadas o también puedan realizar negociaciones y preacuerdos.
El magistrado explicó además, que en los 20 años de vigencia del sistema penal acusatorio se expidieron leyes que limitan la aplicación de estos mecanismos a los procesos penales.
De interés: Nuevo ‘round’ entre presidente Petro y generadoras de energía
“Con la reforma se busca eliminar esas limitaciones para que en todos los casos el procesado pueda allanarse. Es decir, aceptar anticipadamente los cargos o pueda preacordar o hacer negociaciones con la Fiscalía a fin de obtener una sentencia anticipada rápida a cambio de darle una rebaja de pena que será proporcional al aporte a justicia a la dificultad del caso”, indicó.
El togado también hizo referencia a los delitos de violencia contra niñas, adolescentes. En este sentido, el proyecto se mantiene en que estos delitos no habrá ni prisión domiciliaria, ni condena de ejecución condicional, ni libertad condicional, ni permiso administrativo de 72 horas.
“Sí se genera la posibilidad de que se puedan allanar y en caso de que se allanen van a tener una rebaja no igual a la que se daría para otros delitos, pero que permite que esos delitos que tanto nos duelen como sociedad tengan una decisión rápida”, mencionó.
Reiteró que la reforma tiene el objetivo de evitar procesos largos que por la gran congestión judicial no se pueden evacuar con diligencia y terminan en vencimiento de términos.
